El Presidente Abelardo De la Espriella rechazó el contenido y el tono de una carta que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, envió el 18 de septiembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En esa comunicación, Ramelli expresó preocupación por dos iniciativas del Gobierno: un recorte presupuestal de $100.000 millones y una propuesta de reforma constitucional para que las decisiones de la JEP sean revisadas por la Justicia Penal Militar.
Respuesta oficial y argumentos del Presidente
En un extenso pronunciamiento publicado en X —compuesto por 17 párrafos—, De la Espriella dijo no compartir ni aceptar la carta remitida a la CPI y afirmó que no existe, hasta ahora, ninguna decisión de su Gobierno que permita afirmar que Colombia incumple sus compromisos internacionales. El jefe de Estado calificó el planteamiento del recorte como una medida de responsabilidad fiscal y negó que se trate de una política de venganza contra la JEP.
“No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar”
El Presidente enfatizó también que, desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de $3 billones, y cuestionó la eficacia en el uso de esos recursos, así como la relación entre el tamaño de la estructura burocrática del tribunal y los resultados judiciales obtenidos. En su mensaje, recordó que las primeras decisiones de carácter restaurativo llegaron en 2025 y que, a su juicio, “el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático”.
Críticas puntuales a la dirigencia de la JEP
De la Espriella también dirigió críticas concretas al presidente de la JEP. Citando cifras difundidas en el debate público, sostuvo que Ramelli habría pasado de recibir un salario aproximado de $32 millones mensuales en 2018 a más de $55 millones como presidente del tribunal.
Además, el mandatario planteó que parte de los recursos destinados a la JEP podrían ser redistribuidos hacia la Rama Judicial ordinaria, argumentando que esta requiere “mayores recursos” para atender la demanda cotidiana de justicia de los colombianos.
Las preocupaciones de la JEP
En la carta remitida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Alejandro Ramelli advirtió que las propuestas del Gobierno podrían constituir un incumplimiento de los compromisos internacionales derivados del Acuerdo de Paz y un debilitamiento de la JEP. Ramelli vinculó directamente el recorte presupuestal y la iniciativa de reforma con riesgos para la operación independiente del tribunal.
- Fecha de la carta de la JEP a la CPI: 18 de septiembre.
- Monto del recorte propuesto por el Gobierno: $100.000 millones.
- Recursos recibidos por la JEP desde 2018: más de $3 billones, según el Presidente.
El choque público entre el Ejecutivo y la JEP abre interrogantes sobre el diálogo institucional y sobre el futuro del financiamiento y la autonomía de la jurisdicción transicional. La tensión también pone en primer plano la relación entre las obligaciones internacionales de Colombia en materia de justicia transicional y las prioridades de gasto del nuevo Gobierno.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Propuesto recorte presupuestal | $100.000 millones |
| Recursos recibidos por la JEP desde 2018 | más de $3 billones |
| Salario estimado de Ramelli en 2018 | $32 millones mensuales (aprox.) |
| Salario estimado de Ramelli como presidente | $55 millones mensuales (aprox.) |
Quedan por definirse pasos concretos: si el Ejecutivo formaliza la reducción presupuestal y cómo se tramitaría, así como si se impulsa de verdad una reforma constitucional que modifique el control de las decisiones de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar. También será relevante la reacción de actores internacionales, incluida la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la notificación enviada por la JEP.
La disputa pone en relieve un debate central para la consolidación del posconflicto: la tensión entre la contención fiscal señalada por el Gobierno y la preservación de la independencia y recursos de los mecanismos de justicia transicional creados para garantizar verdad, justicia y reparación.
