El exsenador Iván Name, uno de los dirigentes históricos de la Alianza Verde, informó que interpondrá recurso de apelación contra el fallo de primera instancia del Consejo de Estado que declaró su “muerte política” en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
En una carta de su puño y letra difundida por su equipo, Name anunció que agotará los recursos previstos por la legislación para controvertir la decisión judicial. En el documento, el exparlamentario rechazó las imputaciones y aseveró que no incurrió en conductas ilícitas relacionadas con el caso.
“Los fallos judiciales se controvierten a través de los recursos que establece la ley, y así lo haré, apelando el fallo proferido en primera instancia por el Consejo de Estado sobre mi investidura como Senador”
El fallo del Consejo de Estado está vinculado a señalamientos según los cuales se habría entregado la suma de $3.000 millones al entonces presidente del Senado —Iván Name— para favorecer la discusión y el trámite de iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.
La defensa y la acusación
En la misma misiva, Name afirmó que los hechos por los que se le sindica no son ciertos y aseguró que una “empresa criminal” que desvió recursos de la UNGRD habría buscado ocultar a sus verdaderos responsables, inculpándolo con supuestos testigos y pruebas falsas. Además, señaló que su actuación como senador fue pública y se caracterizó por la oposición al gobierno anterior y a sus reformas.
La decisión del Consejo de Estado, conocida como fallo de primera instancia, tiene efectos políticos y reputacionales sobre la figura del exparlamentario y puede abrir una vía judicial que, de mantenerse en instancias superiores, lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado, según prevé la normativa sobre pérdida de investidura y sanciones políticas.
Implicaciones políticas y procesos por venir
La apelación que anunció Name llevará el asunto a una instancia superior dentro del propio Consejo de Estado, donde se revisarán los argumentos formales y materiales en los que se sustentó la decisión inicial. En este curso procesal se evaluarán las pruebas que motivaron la resolución y las alegaciones de la defensa sobre su supuesta inocencia y la existencia de pruebas y testimonios presuntamente falsos.
Más allá del proceso judicial, el caso tiene consecuencias políticas: expone la frágil imagen del Congreso frente a la opinión pública y reaviva las demandas de mayor transparencia en la asignación de recursos y la contratación pública. También plantea dudas sobre la verificación de pruebas y la responsabilidad de actores que, según la defensa de Name, formarían parte de una estructura para desviar la atención sobre los verdaderos perpetradores.
- Acto jurídico inmediato: apelación contra el fallo del Consejo de Estado.
- Asignación denunciada: presunta entrega de $3.000 millones relacionada con el caso UNGRD.
- Riesgo político: la declaración de muerte política puede generar inhabilidades y afectar la carrera pública del implicado.
La resolución del Consejo de Estado se produce en un contexto de escrutinio sobre la gestión de fondos en entes estatales y sobre el papel de intermediarios en redes de corrupción. La apelación de Name abre una nueva etapa procesal que será determinante para aclarar la magnitud de las responsabilidades y las pruebas que sustentan las acusaciones.
| Actor | Situación |
|---|---|
| Iván Name | Anunció apelación y negó conductas ilícitas |
| Consejo de Estado | Proferó fallo de primera instancia que decretó la 'muerte política' |
| UNGRD | Caso de corrupción que motivó la investigación |
| Monto señalado | $3.000 millones |
La apelación que adelantará Name pondrá en el centro del debate judicial la valoración de las pruebas y la determinación de responsabilidades. Los próximos pasos procesales —con posibles revisiones en salas superiores del Consejo de Estado— serán clave para definir si la decisión de primera instancia se confirma, se modifica o se revoca.
Mientras tanto, la noticia mantiene la atención de la opinión pública sobre la relación entre la contratación pública, el manejo de recursos destinados a la gestión del riesgo y la conducción política en el Congreso de la República.
