El departamento del Cesar enfrenta una serie de incendios forestales activos en varios municipios rurales que han obligado a la Gobernación a activar el Pelotón de Atención de Desastres y a solicitar apoyo aéreo y humano a la Sala de Crisis Nacional. Las conflagraciones se reportaron en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego, según el reporte oficial de la administración departamental.
Una oficina pequeña para un riesgo creciente
La emergencia dejó al descubierto la limitada capacidad operativa de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático del Cesar, dependencia que, según un análisis del presupuesto 2026, funciona con una planta reducida y sin recursos suficientes para responder a contingencias de magnitud.
La entidad, apodada por conocedores de las finanzas departamentales como la “oficina cenicienta”, opera con apenas 11 personas en su planta. De ese total, nueve son profesionales universitarios y dos son técnicos, un esquema enfocado en labores de planeación y gestión administrativa pero que no constituye una fuerza operativa para la extinción de incendios en terreno.
“Es un presupuesto que no está preparado para algo grande”
La Gobernación activó mecanismos de coordinación interinstitucional para atender los focos, pero el llamamiento a la Sala de Crisis Nacional y la solicitud de apoyo aéreo evidenciaron que la respuesta local depende en buena medida de refuerzos externos cuando los siniestros superan la capacidad departamental.
Impacto ambiental y social
Los incendios en zonas rurales no solo destruyen cobertura vegetal; afectan actividades productivas, la calidad del aire y la salud de las comunidades cercanas, además de aumentar la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. En municipios como La Jagua de Ibirico y San Diego, donde la economía rural es importante, la pérdida de cultivos y pastos puede tener efectos económicos inmediatos para familias dedicadas a la ganadería y la agricultura de subsistencia.
La coordinación con la Sala de Crisis Nacional y la llegada de apoyos aéreos son medidas obligadas cuando la contención requiere recursos que la administración departamental no tiene disponibles de forma inmediata. Sin embargo, especialistas en gestión del riesgo señalan que la dependencia de apoyos externos sigue siendo una señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer capacidades locales permanentes.
Lo que dice el presupuesto y lo que falta
El documento oficial del presupuesto 2026 respalda la afirmación sobre la limitada planta de la oficina. No obstante, el análisis de la estructura financiera revela deficiencias más allá del número de funcionarios: falta inversión en equipos especializados, vehículos todo terreno, dotación para brigadas rurales y planes de capacitación continua que permitan una respuesta rápida en terreno.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Planta de personal | 11 personas (9 profesionales, 2 técnicos) |
| Capacidad operativa | Enfocada en planeación y administración; no hay fuerza directa de extinción |
Recomendaciones y acciones urgentes
Ante la frecuencia e intensidad crecientes de incendios forestales asociados a sequías y prácticas agropecuarias, las prioridades para reducir riesgo en el Cesar deben incluir:
- Incremento y reasignación presupuestal para dotación operativa y brigadas rurales permanentes.
- Capacitación técnica y formación de brigadas comunitarias con equipos básicos de contención.
- Planes preventivos territoriales que integren acciones de vigilancia temprana y estrategias de manejo del paisaje para reducir combustibles.
- Articulación interinstitucional con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Fuerza Pública y planes de respuesta aérea previamente contratados.
Sin cifras concretas sobre aumentos presupuestales ni cronogramas de fortalecimiento institucional en el documento público citado, queda en manos de la Gobernación y de la Asamblea del Cesar priorizar recursos para que la dependencia deje de ser una oficina de planeación sin músculo operativo.
Mientras tanto, las comunidades de Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego enfrentan la emergencia con daños directos sobre su entorno y sus medios de vida, y la atención dependerá tanto de la coordinación nacional como de la capacidad de movilización local que, por ahora, luce insuficiente.
