Medidas coordinadas para una zona en crecimiento
La Secretaría de Gobierno de Casanare, según informó Julio Ramos, anunció un paquete de acciones encaminadas a mejorar la seguridad en la urbanización Alameda Marta Mojica, un sector de Yopal que se encuentra en desarrollo y registrado en procesos de regularización.
La intervención responde a problemas recurrentes de inseguridad identificados en el corredor que comunica la urbanización con los sectores de San Rafael de Morichal y Morichal, tramo que, según las autoridades, ha sido utilizado como ruta de escape por delincuentes tras cometer robos. Entre las iniciativas planteadas figura un proyecto de electrificación que, de ejecutarse, demandaría una inversión cercana a $13.000 millones y que las autoridades esperan que incida de forma directa en la percepción y condiciones reales de seguridad.
Estado del desarrollo y medidas inmediatas
La zona objeto de las intervenciones comprende aproximadamente 110 hectáreas divididas en cuatro etapas y tiene un potencial de beneficiar a más de 2.000 familias, pero actualmente solo alberga cerca de 30 hogares, muchos de ellos en condiciones precarias y con problemas de iluminación y mantenimiento.
Mientras avanzan los procesos administrativos de legalización de predios y de reconocimiento de personería jurídica de las juntas de acción comunal, la Gobernación anunció medidas de corto plazo para mitigar riesgos:
- Fortalecimiento de los patrullajes de la Policía y el Ejército en el corredor entre Alameda y Morichal.
- Jornadas de limpieza de lotes para recuperar espacios invadidos por maleza y mejorar la visibilidad.
- Gestión de vigilancia aérea con apoyo de la Fuerza Aérea, incluyendo vuelos con drones, con preferencia por misiones nocturnas.
- Instalación y gestión de cámaras de seguridad en puntos estratégicos, replicando el esquema existente en Morichal.
- Tramitación de la construcción de una subestación de Policía en la zona.
Contexto institucional y protección a líderes
En la misma intervención, las autoridades regionales hicieron énfasis en la situación de líderes sociales que han recibido amenazas en distintos municipios de Casanare. Desde la Gobernación se anunció la solicitud de información a la Fiscalía sobre el avance de las investigaciones relacionadas y un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que agilice los estudios de riesgo y dictamine medidas de seguridad, cuando proceda.
En ese contexto, las autoridades señalaron que en los sistemas institucionales existen más de 200 casos de amenazas en seguimiento mediante los procedimientos establecidos, lo que motiva la coordinación interinstitucional entre Gobernación, Fiscalía, Policía y Fuerza Pública para responder tanto a la seguridad ciudadana como a la protección de líderes.
Impulsos a la infraestructura para reducir la inseguridad
La electrificación aparece como una de las apuestas clave: mejorar la iluminación pública en el corredor —uno de los puntos críticos—, además del mejoramiento del espacio público, las jornadas de limpieza y la instalación de infraestructura de vigilancia. Las autoridades consideran que estas intervenciones combinadas pueden desalentar la utilización del corredor para actividades delictivas y facilitar la actuación de la fuerza pública.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Área aproximada | 110 hectáreas |
| Etapas proyectadas | 4 |
| Familias que podrían beneficiarse | Más de 2.000 |
| Hogares actualmente residentes | ~30 |
| Presupuesto eléctrico estimado | $13.000 millones |
| Casos de amenazas en seguimiento | Más de 200 |
Balance y desafíos
El plan anunciado combina medidas de infraestructura y de seguridad ciudadana, y plantea la necesidad de una coordinación sostenida entre entidades. Para que las acciones muestren resultados tangibles en la reducción de delitos y en la protección de líderes será clave la ejecución pronta del proyecto de electrificación, la construcción de la subestación de Policía y la continuidad de la vigilancia —incluido el uso de tecnología aérea—, así como la culminación de los procesos de formalización de las juntas comunales que faciliten la participación comunitaria en la gestión del territorio.
Las autoridades han puesto en marcha las gestiones iniciales; queda por ver los tiempos de ejecución, la asignación de recursos y la respuesta de las entidades nacionales encargadas de protección y seguridad para consolidar estas medidas en un plan operativo con plazos y responsabilidades claras.
