La Fiscalía General de la Nación abrió la semana pasada una investigación y compulsó copias contra cinco gobernadores y dos exgobernadores por un presunto desfalco por unos tres billones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR). Según la información publicada por medios nacionales, los recursos habrían sido desviados a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada”.
Gobernadores de la Amazonía en la investigación
De los cinco gobernadores investigados, cuatro pertenecen a departamentos de la región Amazónica. Entre ellos aparece Fulberto Guevara, gobernador del Vichada, cuyo nombre fue incluido en el expediente que tramita la Fiscalía. Los otros mandatarios regionales señalados son Óscar Sánchez (Amazonas), Luis Alfredo Gutiérrez (Vaupés) y Ferney López (Guaviare).
| Gobernador | Departamento | Observación |
|---|---|---|
| Óscar Sánchez | Amazonas | Asumió en 2023; apoyo de coalición Pacto Histórico-Colombia Puede |
| Luis Alfredo Gutiérrez | Vaupés | Llegó en su primera incursión política; sancionado por la CDA por $92.000.000 |
| Fulberto Guevara | Vichada | Avalado por Alianza Verde y apoyos de varios partidos; elegido el 15 de junio de 2025 |
| Ferney López | Guaviare | Trayectoria regional desde concejal y diputado; llegó por coalición local |
La Fiscalía también informó sobre la detención de 13 personas vinculadas al proceso, entre ellas autoridades municipales mencionadas por la prensa; además, la investigación alcanza a otros departamentos fuera de la Amazonía.
Magnitud del presunto perjuicio y su contexto
El monto investigado, cercano a los tres billones de pesos, equivaldría aproximadamente al 10% de los recursos que el Congreso aprobó para inversión regional durante 2025 y 2026, de acuerdo con la referencia publicada por El País. Esa proporción subraya la potencial afectación a proyectos y programas de desarrollo territorial financiados con regalías.
- Los recursos objeto de la indagación habrían pasado por el Fondo Mixto “Sierra Nevada”.
- La investigación involucra a 19 departamentos del país, según la información.
- Además de gobernadores, hay al menos 13 personas detenidas en el marco de la pesquisa.
Repercusiones para la gestión territorial
Para los departamentos implicados, incluido Vichada, la apertura de la investigación plantea preguntas sobre la ejecución de proyectos financiados con regalías y la trazabilidad de esos recursos. El SGR es una fuente clave para obras de infraestructura, educación, salud y otros programas que apuntan al cierre de brechas entre regiones y el resto del país; cualquier irregularidad en su administración tiene efectos directos en la capacidad de respuesta de las gobernaciones.
En el caso de Vichada, la presencia del gobernador Fulberto Guevara en el listado de investigados implica que la administración departamental deberá responder ante la Fiscalía las preguntas sobre contratos, convenios y transferencias relacionadas con el fondo que motivó la investigación. Guevara fue elegido el 15 de junio de 2025 y contaba con aval de la Alianza Verde y el respaldo de otros partidos políticos.
Avances procesales y próximas etapas
La compulsión de copias es una fase temprana en la investigación penal: consiste en remitir documentación a otras autoridades para que examinen posibles responsabilidades e iniciar actuaciones complementarias. La Fiscalía, en su labor investigativa, podrá ordenar medidas cautelares, citaciones o nuevas detenciones conforme avance el análisis de la información.
Hasta el momento no se han publicado en detalle todas las pruebas que sustentan la investigación ni se han anunciado imputaciones formales contra cada uno de los funcionarios mencionados. El proceso judicial sigue su curso y las autoridades competentes deberán precisar responsabilidades en etapas posteriores.
La magnitud de los recursos y el número de departamentos implicados convierten este caso en un asunto de alto impacto nacional y regional. Para Vichada y la Amazonía, el seguimiento del proceso será clave para evaluar cómo se garantiza la continuidad de proyectos vitales y cómo se protege la gestión pública frente a posibles irregularidades.
