Un operativo conjunto entre la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y peritos de Bavaria descubrió un lugar acondicionado para el reenvasado clandestino de cerveza, en el que fueron halladas más de 3.300 unidades manipuladas, además de insumos y maquinaria para el lavado y sellado de envases.
Intervención y detenciones
La acción, que se desarrolló en operativos realizados en Soacha y Bogotá, dejó como resultado la captura en flagrancia de dos personas, quienes podrían enfrentar penas de hasta 12 años por los delitos relacionados con la adulteración y la comercialización de bebidas manipuladas, según informó la Gobernación de Cundinamarca.
El procedimiento fue liderado por la POLFA con apoyo del Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad (GEPCI) de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el INVIMA y peritos técnicos aportados por la industria cervecera.
Elementos decomisados
Durante la intervención las autoridades incautaron no solo los envases de cerveza reenvasada, sino también botellas vacías, tapas y equipos artesanales para el lavado y el sellado de las botellas. Además se decomisaron otras mercancías relacionadas con el mercado ilícito.
| Tipo de producto | Cantidad incautada |
|---|---|
| Cerveza reenvasada | 3.300 unidades |
| Licor adulterado | más de 250 unidades |
| Cigarrillos de contrabando | más de 2.300 cajetillas |
Riesgos para la salud y para la economía local
La Gobernación de Cundinamarca emitió una alerta preventiva por la adulteración de cerveza con el fin de proteger la salud de los consumidores y combatir la evasión del impuesto al consumo. Según la administración regional, los productos reenvasados y comercializados al margen de los controles sanitarios y tributarios representan un riesgo para la salud pública, pues su procedencia y manipulación no pueden ser garantizadas por las autoridades competentes.
Las autoridades advirtieron que, además del peligro sanitario, la comercialización de estos productos pone en riesgo los ingresos tributarios y fomenta prácticas de ilegalidad que afectan a comerciantes formales y a la cadena de suministro regulada.
Cooperación institucional y pruebas técnicas
En la operación participaron funcionarios del INVIMA, que aportaron criterios técnicos sobre la disposición sanitaria de las bebidas, y peritos de la empresa privada que ayudaron a identificar la maquinaria artesanal empleada para el reenvasado. La coordinación entre entes estatales y privados fue destacada como clave para detectar y neutralizar esta modalidad de adulteración.
- Entidad líder del operativo: POLFA.
- Apoyaron: GEPCI (Secretaría de Hacienda de Cundinamarca), INVIMA y peritos de Bavaria.
- Ámbitos de intervención: Soacha y Bogotá.
Consejos y advertencias para consumidores
Ante este tipo de hallazgos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos comprar bebidas alcohólicas en establecimientos registrados y conservar las etiquetas y facturas de compra. También recuerdan reportar cualquier envase con señales de manipulación —como etiquetas mal pegadas, tapas con rastros de re-sellado o tapones diferentes a los estándares de fábrica— a las autoridades sanitarias o a la Policía.
Pasos siguientes en la investigación
El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para su análisis forense y fiscal. Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía para la imputación de cargos. La Gobernación señaló que la investigación continuará con el fin de determinar la cadena completa de distribución y los responsables de la comercialización de los productos en el departamento.
Este caso se suma a la estrategia regional de fiscalización contra el contrabando y la adulteración de alimentos y bebidas, donde la combinación de indicios sanitarios, tributarios y de inteligencia ha permitido detectar puntos clandestinos de producción y venta.
Las autoridades reiteraron la llamada preventiva a la población: consumir productos que no cuenten con trazabilidad certificada implica riesgos para la salud y contribuye a la expansión de actividades ilegales que dañan la economía y la seguridad pública.
