La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un deterioro humanitario crítico en el departamento del Chocó luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto y la posterior escalada de violencia armada en la subregión del San Juan. El informe oficial señala confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, uso de drones cargados con explosivos, desplazamientos forzados y confinamientos que afectan de manera directa a comunidades rurales y a pueblos étnicos.
Confinamiento y desplazamiento
Según la entidad, 652 familias, que equivaldrían a aproximadamente 3.000 personas, permanecen confinadas en varios corregimientos. Las localidades afectadas en Sipí son Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo; en Nóvita se reportaron confinamientos en Torrá, Cajón y Santa Bárbara. Además, el 23 de agosto, los enfrentamientos en Charco Hondo dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento de 65 familias hacia Barrancón.
Impacto en viviendas y bienes colectivos
En una misión de verificación realizada el 25 de agosto por la Defensoría en el corredor Nóvita–Sipí, se constataron daños severos en viviendas y en bienes colectivos atribuibles a ráfagas de fusil y explosivos. La inspección también documentó afectaciones psicológicas entre los habitantes, y la afectación de albergues comunitarios: el refugio del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) resultó afectado por el sismo.
Durante esa jornada se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina. La Defensoría advierte que las condiciones de movilidad y de acceso a servicios básicos han quedado comprometidas en varios sectores rurales, lo que dificulta la atención humanitaria y la protección de la población.
Uso de tecnología bélica y riesgos a la población
El informe defensorial registra enfrentamientos en territorio étnico del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) y en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con empleo de drones cargados con explosivos. Estas prácticas elevan el riesgo para civiles y complican las labores de respuesta, además de generar un ambiente de miedo que limita la actividad económica de subsistencia en las comunidades.
- Fecha del sismo: 10 de agosto (magnitud 7,4).
- Familias confinadas: 652 (≈3.000 personas).
- Heridos en Charco Hondo: 3 civiles (23 de agosto).
- Familias desplazadas a Barrancón: 65.
- Personas trasladadas desde Torrá: 40 hacia Nóvita e Istmina.
Mapa de afectación por corregimiento
| Municipio | Corregimientos afectados | Situación |
|---|---|---|
| Sipí | Barrancón, Charco Hondo, Charco Largo | Confinamiento, enfrentamientos, heridos |
| Nóvita | Torrá, Cajón, Santa Bárbara | Confinamiento, desplazamientos |
La combinación del sismo y la violencia armada ha agravado la vulnerabilidad de comunidades que ya enfrentaban precariedad estructural en servicios de salud, educación y vías. La presencia de grupos armados limitó en varias zonas las tareas de evaluación del daño y la llegada de ayuda humanitaria.
Retos para la asistencia humanitaria
La Defensoría enfatiza la necesidad de garantizar corredores humanitarios seguros y priorizar atención psicosocial, reparación de albergues y recuperación de bienes comunitarios dañados. La dificultad para movilizar recursos y personal por inseguridad y la destrucción de infraestructura complica la respuesta inmediata y la recuperación en el mediano plazo.
Las comunidades étnicas del San Juan, organizadas en parte alrededor de consejos comunitarios, enfrentan una doble amenaza: los impactos del desastre natural y la subordinación de su territorio a dinámicas de control armadas que restringen su derecho a la vida, a la movilización y a sus formas de subsistencia tradicional.
Mientras las instituciones mantienen labores de verificación y acompañamiento, la Defensoría del Pueblo reclama medidas urgentes para proteger a la población civil y facilitar la entrega de ayuda. En un departamento históricamente marginado, la convergencia de emergencia natural y conflicto armado exige respuestas coordinadas y con enfoque diferencial para pueblos étnicos y comunidades rurales.
Corresponsalía en Chocó continúa monitoreando la situación y seguirá informando sobre la evolución de las condiciones de seguridad y humanitarias en los municipios afectados.
