Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación responsabiliza al actual alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro Casas, y a tres exintegrantes del Concejo Municipal por la posible comisión de varios delitos relacionados con un documento público de 2019.
Los hechos denunciados
El denunciante es Silvano Rodríguez Samudio, quien ejerció como presidente del Concejo Municipal en 2019. Rodríguez presentó la acción legal contra Caro Casas y contra los exvicepresidentes William Ricardo Cortés Peña y Julio Vicente Ortegón Ortégón, además de la exsecretaria del Concejo, Carmen Marcela Buitrago.
Según la denuncia, la discusión central gira en torno a la Resolución No. 155 del 30 de diciembre de 2019, documento que habría registrado una renuncia atribuida a Caro Casas cuando este se desempeñaba como concejal. El querellante afirma que la firma que aparece en la resolución no corresponde a la suya y que él nunca tramitó ni conoció una renuncia de ese tipo en su calidad de presidente de la corporación.
Delitos imputados
El escrito remitido a la Fiscalía describe la posible comisión de los siguientes delitos:
- Falsedad material e ideológica en documento público
- Fraude procesal
- Uso de documento falso
- Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público
- Falso testimonio
Como soporte de su reclamación, Rodríguez entregó a la Fiscalía un dictamen pericial de carácter documentológico y grafológico, fechado en junio de 2024 y elaborado por el perito Michael Daniel Buitrago, perteneciente a la firma ISC Investigaciones. El informe, según la denuncia, detectó diferencias en las firmas y encontró inconsistencias tipográficas, en el formato, en los elementos gráficos institucionales y en las fechas, en comparación con otras resoluciones de la misma época.
Relevancia procesal y solicitudes al ente investigador
La denuncia también plantea que la resolución cuestionada habría sido utilizada como prueba en varios procesos relacionados con la pérdida de investidura de Caro Casas, incluidos trámites ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
En la solicitud dirigida a la Fiscalía, Rodríguez pidió que se practiquen inspecciones al archivo del Concejo de Chiquinquirá para verificar y recolectar los documentos originales. Además, pidió que se cite a diligencia a las personas que puedan aportar información sobre la tramitación y el manejo de la documentación en aquel periodo.
Implicaciones para la administración local
Si la investigación confirma irregularidades en la resolución, las consecuencias podrían alcanzar tanto el ámbito penal como el disciplinario y el contencioso-administrativo, dado que el documento habría sido incorporado en procesos de pérdida de investidura. Por ahora, la acción se encuentra en conocimiento de la Fiscalía, que será la encargada de determinar si abre indagación formal, practica pruebas y define responsabilidades.
Hasta el momento de radicar esta información no consta en el expediente público una versión oficial de los señalados. La denuncia y el peritaje son los elementos iniciales que la Fiscalía deberá evaluar para decidir la apertura de una investigación penal.
Resumen de las partes involucradas
| Persona | Rol en 2019 | Presunta vinculación |
|---|---|---|
| Jefferson Leonardo Caro Casas | Concejal (2019); hoy alcalde | Beneficiario de la resolución impugnada |
| Silvano Rodríguez Samudio | Presidente del Concejo (2019) | Denunciante |
| William Ricardo Cortés Peña | Exvicepresidente del Concejo | Incluido en la denuncia |
| Julio Vicente Ortegón Ortégón | Exvicepresidente del Concejo | Incluido en la denuncia |
| Carmen Marcela Buitrago | Exsecretaria del Concejo | Incluida en la denuncia |
El avance de este caso será determinante para la claridad sobre actos administrativos de cierre de periodo en el Concejo de Chiquinquirá y para la confianza en la documentación pública municipal. La Fiscalía tendrá que ponderar el dictamen grafológico junto con otras pruebas documentales y testimoniales para establecer vínculo probatorio entre los señalados y los hechos descritos en la denuncia.
La comunidad local y las autoridades regionales permanecen a la espera de decisiones formales por parte del ente investigador, que definirá los pasos siguientes en la investigación penal.
