La Defensoría del Pueblo encabezó una mesa técnica con entidades nacionales y locales para establecer una ruta de respuesta que agilice los procedimientos de custodia, identificación y disposición de cuerpos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Objetivo: reducir retrasos y garantizar trato digno
Según lo reportado, la iniciativa persigue eliminar demoras que afectan a las familias en duelo y asegurar que los trámites sanitarios, administrativos y médico-legales se realicen sin dilaciones, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y logísticas propias del conjunto de islas.
El espacio contó con la participación del Instituto Nacional de Medicina Legal, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la ESE Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, organismos que acordaron compromisos para articular sus acciones y hacer seguimiento a los procesos en la morgue hospitalaria.
Compromisos alcanzados
Durante la jornada se acordaron acciones concretas orientadas a mejorar la atención a las familias en situaciones de pérdida. Entre los puntos centrales están:
- Creación de una ruta de respuesta oportuna para custodia, identificación y disposición de cuerpos.
- Seguimiento periódico de los procedimientos realizados en la morgue del hospital departamental.
- Jornadas de concientización y capacitación para el personal encargado de estos procesos.
Estas medidas buscan no solo cumplir obligaciones institucionales, sino también garantizar la dignidad humana y los derechos de los familiares que atraviesan procesos de duelo y enfrentan incertidumbre por demoras administrativas o logísticas.
Contexto cuantitativo
El encuentro se realizó en un contexto donde el archipiélago registra una cifra anual de defunciones que exige coordinación entre entidades. De acuerdo con un informe del DANE para 2025, el territorio presentó entre 250 y 350 muertes por todas las causas durante el año, una referencia usada en la mesa técnica para dimensionar la necesidad de respuestas claras y articuladas.
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Rango anual de defunciones (2025) | 250–350 |
| Entidades participantes | Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, CTI, Policía Nacional, ESE Hospital Departamental |
| Acciones prioritarias | Ruta de respuesta, seguimiento en morgue, jornadas de capacitación |
Relevancia local y retos logísticos
El archipiélago presenta desafíos particulares: la dispersión geográfica y la limitación de recursos para traslados y procedimientos médico-legales hacen más complejos los procesos luego de una muerte. Por esa razón, la coordinación entre las instituciones que intervinieron en la mesa técnica es clave para asegurar tiempos razonables y procedimientos transparentes.
La atención oportuna en estos casos tiene implicaciones prácticas y emocionales para las familias: desde la posibilidad de velar a sus seres queridos en condiciones dignas hasta la tramitación oportuna de certificados y procesos legales que pueden afectar herencias, trámites administrativos y derechos civiles.
Seguimiento y expectativas
Entre los compromisos adoptados figura el establecimiento de mecanismos de seguimiento periódico a los procedimientos que se realizan en la morgue del hospital departamental, además del desarrollo de jornadas de formación para el personal. Estas acciones buscan consolidar una práctica sostenida y verificable en el tiempo.
La Defensoría del Pueblo lideró la iniciativa y será, según lo informado, uno de los actores encargados de verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa técnica. La participación de Medicina Legal y el CTI es considerada esencial para garantizar respuestas técnico-forenses adecuadas y oportunas.
En la medida en que se implementen y supervisen las acciones pactadas, las autoridades esperan reducir el impacto negativo de las demoras sobre las familias y mejorar la prestación de servicios en una región con necesidades logísticas especiales.
