Deficiencias que afectan acceso y dignidad
La Defensoría del Pueblo reiteró el 24 de febrero de 2026 su preocupación por las condiciones en las que funciona el Punto de Atención a las Víctimas (PAV) de Magangué, sur de Bolívar, y exigió acciones inmediatas a la administración municipal para garantizar una atención digna, integral y oportuna. La institución nacional constató que, pese a un informe remitido a la Alcaldía en noviembre de 2025, las falencias persisten y limitan el servicio a la población afectada por el conflicto armado.
Problemas operativos identificados
Las visitas de verificación realizadas por la Defensoría confirmaron diversas barreras que impiden la prestación adecuada del servicio. Entre las dificultades señaladas se encuentran la falta de mobiliario básico, ausencia de impresoras en funcionamiento para la recepción de declaraciones, mantenimiento pendiente de equipos y aires acondicionados, insuficiencia de insumos de aseo que comprometen la salubridad del PAV y la falta de condiciones adecuadas para personas con discapacidad.
- Mobiliario insuficiente que dificulta la atención presencial.
- Equipos y hardware (impresoras, aires acondicionados) sin mantenimiento o en mal estado.
- Insumos de aseo insuficientes, afectando condiciones sanitarias.
- Accesibilidad inadecuada para víctimas con discapacidad.
Estas deficiencias comprometen la calidad, continuidad y accesibilidad del servicio, en contravía de los principios de dignidad, oportunidad e integralidad establecidos en la Ley 1448 de 2011, señaló la Defensoría.
Magnitud de la demanda y riesgo de nuevas vulneraciones
La entidad recordó que en Magangué hay registradas más de 40.000 personas víctimas del conflicto armado, por lo que la respuesta institucional debe ser proporcional a la magnitud de la demanda. La Defensoría advirtió que mantener la atención en condiciones precarias puede profundizar la vulneración de derechos y generar nuevas barreras administrativas para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas medidas como la restitución de tierras y la formalización de derechos.
Petición a la Alcaldía y pasos urgentes
Ante esta situación, la Defensoría hace un llamado urgente a la Alcaldía de Magangué para que implemente de manera prioritaria las gestiones de su competencia, especialmente las acciones presupuestales y administrativas de corto, mediano y largo plazo que permitan superar integralmente las falencias detectadas en el PAV. El informe de la entidad plantea la necesidad de intervenciones concretas en infraestructura, dotación y adecuación para la atención diferenciada de la población víctima.
| Problema identificado | Consecuencia para los usuarios |
|---|---|
| Mobiliario e impresoras deficientes | Retrasos y dificultades para formalizar declaraciones y solicitudes |
| Equipos sin mantenimiento | Interrupciones en atención y pérdida de confidencialidad |
| Falta de insumos de aseo | Riesgo sanitario para usuarios y trabajadores |
| Ausencia de condiciones para discapacidad | Barrera de acceso que discrimina a víctimas con discapacidad |
Contexto local y contraste regional
La señal de alerta de la Defensoría sitúa a Magangué frente a un desafío administrativo y humanitario. En una región donde la visibilidad suele concentrarse en ciudades costeras y turísticas como Cartagena, las necesidades de territorios como Magangué —con amplias brechas en infraestructura y servicios— suelen recibir menos atención mediática y presupuestal. Esta diferencia de foco hace aún más urgente que la Alcaldía y las entidades nacionales coordinen recursos y medidas para asegurar la reparación integral prevista en la normativa.
La Defensoría insiste en que la atención a víctimas no puede desarrollarse en condiciones que reproduzcan vulneración o revictimización. Exige, por tanto, la implementación inmediata de soluciones que garanticen condiciones mínimas de dignidad, privacidad, accesibilidad y continuidad del servicio.
La administración municipal de Magangué aún no ha emitido una respuesta pública al llamado formal que la Defensoría trasladó en noviembre de 2025, según el reporte. La comunidad y las organizaciones de víctimas del municipio esperan medidas concretas y calendarios de intervención que permitan restablecer un punto de atención funcional y respetuoso de los derechos de la población afectada.
