Un grupo de comunidades campesinas del área rural de Tuluá y de otros municipios del centro y norte del Valle del Cauca emitió este lunes 31 de agosto un pronunciamiento anónimo en el que solicita a las autoridades medidas urgentes de protección ante un aumento de hechos violentos que, según el documento, han generado temor y desplazamientos en la población civil.
Alarma por enfrentamientos y amenazas en zonas rurales
El comunicado —atribuido a habitantes de veredas y corregimientos— señala que en las últimas semanas se han presentado asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados en diferentes sectores rurales. Las comunidades vinculan la situación a la confrontación entre dos estructuras armadas que se identifican como la columna Adán Izquierdo y el Frente Yair Bermúdez, y advierten que la disputa ha trascendido límites territoriales.
De acuerdo con el pronunciamiento, la violencia estaría afectando áreas de varios municipios del Valle del Cauca, incluidos Tuluá, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro, Buga, Guacarí, El Cerrito, Palmira y Tenerife. Las comunidades piden a las autoridades que actúen con prontitud para evitar que las confrontaciones se den dentro o cerca de centros poblados.
Preocupación por el caso de Santa Lucía
Uno de los hechos que motivó la declaración fue el enfrentamiento ocurrido el domingo 30 de agosto en las inmediaciones del corregimiento de Santa Lucía, en el área rural de Tuluá. El documento indica que la confrontación se produjo entre integrantes de un grupo armado y miembros del Ejército Nacional, y expresa la inquietud de las comunidades por el riesgo que estas operaciones representan para niños, adultos mayores y familias campesinas.
“Las comunidades rurales no pueden convertirse en escenario de confrontaciones armadas”, afirma el pronunciamiento.
En el texto las comunidades insisten en que habitar zonas con presencia de actores armados no equivale a tener vínculos con ellos, y solicitan evitar la estigmatización de la población rural. “Ser campesino no significa pertenecer a un grupo armado. Vivir en una zona rural no convierte a ninguna persona en combatiente”, recalcan.
Demandas dirigidas a actores armados y a la Fuerza Pública
El llamado se dirige tanto a las estructuras armadas como a las autoridades del Estado. A los grupos en disputa se les solicita cesar acciones que pongan en peligro a civiles y respetar la integridad de la población. A la Fuerza Pública las comunidades le piden adoptar medidas que garanticen la seguridad y prevengan nuevos desplazamientos o confrontaciones dentro de áreas pobladas.
- Hechos denunciados: asesinatos, amenazas y desplazamientos.
- Actores mencionados: columna Adán Izquierdo y Frente Yair Bermúdez; Fuerza Pública (Ejército Nacional).
- Ámbitos afectados: corregimiento de Santa Lucía (Tuluá) y otros municipios del centro y norte del Valle del Cauca.
| Municipios señalados |
|---|
| Tuluá |
| Sevilla |
| Bugalagrande |
| Andalucía |
| San Pedro, Buga, Guacarí, El Cerrito, Palmira y Tenerife |
El pronunciamiento aclara que no respalda a ninguno de los actores armados involucrados y que su único propósito es exigir garantías para la población civil y el derecho a vivir en paz en las zonas rurales. Las comunidades hicieron un llamado explícito a las instituciones competentes para que establezcan presencia y mecanismos de protección que permitan la normalización de la vida cotidiana en sus territorios.
En Tuluá, la emergencia rural se suma a viejas tensiones por el control de caminos y rutas locales, que afectan la movilidad y la seguridad alimentaria de familias campesinas. Las voces rurales reclaman respuestas coordinadas de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía local y la Fuerza Pública para prevenir que la violencia se profundice y para garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas.
La alerta de las comunidades rurales exige una acción rápida y sensible a la realidad de quienes habitan el campo: la protección no sólo implica presencia policial o militar, sino también rutas humanitarias, acompañamiento social y medidas para evitar la estigmatización y las afectaciones económicas que suelen acompañar a estos episodios de violencia.
