La Fiscalía General confirmó la judicialización de Everney Hernández Pulido, detenido por su presunta participación en el transporte y la logística del reclutamiento forzado de cuatro menores. Según la investigación, los jóvenes fueron movilizados desde la ciudad de Popayán con destino a los Llanos Orientales, donde una facción disidente con presencia en Guaviare pretendía incorporarlos a sus filas.
Cómo ocurrieron los hechos
De acuerdo con el ente acusador, el plan de traslado se habría iniciado el 5 de enero de 2025. Tres días después, unidades de la Policía Nacional interceptaron el vehículo en el que viajaban los menores en un operativo realizado entre Castilla y Neiva, en el departamento del Huila, momento en el que fueron recuperados.
"El trayecto comenzó el 5 de enero de 2025 y tres días después los jóvenes fueron recuperados por unidades de la Policía Nacional que interceptaron el vehículo en el que eran movilizados, en un procedimiento realizado entre Castilla y Neiva, Huila",
La Fiscalía señala que Hernández no solo habría gestionado el transporte sino que además suministró dinero para cubrir gastos de peajes, combustible y alimentación de quienes acompañaron a los menores durante el viaje. Para el traslado se habrían utilizado dos automóviles y dos motocicletas, según el material probatorio presentado ante la autoridad judicial.
Detención y proceso jurídico
Hernández fue detenido en cumplimiento de una orden judicial en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. Un fiscal de Derechos Humanos de la Seccional Cauca le formuló imputación por el delito de reclutamiento ilícito y solicitó que se le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue avalada por un juez penal de control de garantías.
La investigación lo señala como uno de los presuntos responsables de la cadena logística que facilita incorporar menores en estructuras armadas ilegales, actividad tipificada y perseguida con énfasis por la Fiscalía por la afectación grave de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Impacto regional y señales de un patrón
El caso evidencia rutas de movimiento entre el suroccidente y la región de los Llanos Orientales que buscan abastecer a grupos armados con nuevas filas juveniles. Las autoridades han documentado en años recientes operaciones similares en las que se usan múltiples vehículos y pagos en efectivo para asegurar la continuidad de los traslados.
Desde la perspectiva de la seguridad, la recuperación de los cuatro menores y la captura de un presunto gestor logístico interrumpe una cadena criminal; sin embargo, expertos y autoridades advierten que este tipo de delitos suelen involucrar redes complejas que requieren investigación interinstitucional y coordinación regional para su desarticulación completa.
- Fecha del inicio del trayecto: 5 de enero de 2025.
- Recuperación de los menores: 8 de enero de 2025, operativo entre Castilla y Neiva (Huila).
- Lugar de captura: Villavicencio, Meta.
Qué sigue en el proceso penal
Con la imputación por reclutamiento ilícito, el proceso seguirá su curso en la jurisdicción penal de la Seccional Cauca. La Fiscalía solicitó prisión preventiva y el juez de control de garantías aceptó la medida cautelar en centro carcelario. Las diligencias posteriores deberán incluir la recolección de más pruebas sobre la presunta participación de Hernández en la logística y, en su caso, el avance en la identificación de otras personas que habrían intervenido en el traslado.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Presunto delito | Reclutamiento ilícito de menores |
| Víctimas | Cuatro menores de edad |
| Inicio del trayecto | 5 de enero de 2025 (Popayán) |
| Recuperación | 8 de enero de 2025, entre Castilla y Neiva (Huila) |
| Captura | Villavicencio, Meta |
Las autoridades han subrayado la prioridad de proteger a las víctimas y avanzar en medidas de atención integral para los menores recuperados, así como en la identificación de las estructuras que los intentaron reclutar. También se espera que la investigación determine la magnitud de la red logística que facilitó el desplazamiento y si existieron personas adicionales implicadas en los pagos y la conducción de los vehículos usados en el operativo.
Este caso se suma a una serie de acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía y la Policía Nacional para contrarrestar la utilización de menores por parte de grupos armados ilegales, problema que mantiene su gravedad en varias regiones del país y que requiere coordinación entre entidades estatales y organizaciones de protección de la infancia.
