La Legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó una norma que establece la obligación de que cada titular de licencia de conducir reciba formación en primeros auxilios. El texto, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Senado sin cambios y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Qué establece la nueva ley
La iniciativa fija como objetivo que, al menos una vez, cada conductor acceda a una capacitación básica en maniobras de emergencia —como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el control de hemorragias— con el fin de mejorar la respuesta inmediata ante siniestros viales u otras urgencias. La norma no determina la duración mínima de los módulos ni una modalidad única de enseñanza; esos aspectos quedarán definidos por la reglamentación que debe dictar la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia.
Según lo aprobado por ambas cámaras, el momento más adecuado para que los conductores reciban la instrucción será durante los trámites de otorgamiento de una nueva licencia o en su renovación, aunque la ley en sí sólo establece el marco y delega en la agencia provincial los detalles operativos.
Motivos y expectativas
Quienes impulsaron la norma sostuvieron que la medida busca aumentar la probabilidad de que haya una persona capacitada en el lugar de un siniestro, lo que puede marcar la diferencia durante la llamada "hora de oro", el lapso en el que la atención temprana incrementa las chances de supervivencia.
"Transformar el rol de los conductores", señaló la exposición que acompañó el proyecto durante su tratamiento legislativo.
La iniciativa obtuvo amplio consenso en ambas cámaras y fue presentada en la Cámara baja por la diputada Ximena García. Entre los argumentos a favor se destacó que un vehículo sumado a la imprudencia del conductor puede transformarse en un arma, y que la capacitación en maniobras básicas reforzaría la solidaridad ciudadana ante emergencias.
Qué queda por definir
La ley otorga a la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia la responsabilidad de reglamentar cómo se implementará la capacitación. Entre las decisiones pendientes que tendrá que adoptar la agencia figuran:
- Duración mínima de los módulos de formación.
- Modalidades de dictado (presencial, virtual o mixta) y criterios de certificación.
- Exenciones o adaptaciones para profesionales de la salud u otros colectivos que ya posean conocimientos certificados.
- El mecanismo de integración de la capacitación en los trámites de expedición y renovación de licencias.
La ley, tal como fue sancionada, no contempla excepciones explícitas ni detalla sanciones en caso de incumplimiento; estos puntos también dependerán de la reglamentación que se publique una vez promulgada la norma.
Impacto potencial y limitaciones
Desde el punto de vista sanitario y de seguridad vial, la medida apunta a mejorar la capacidad de respuesta ciudadana ante accidentes y emergencias. Sin embargo, especialistas citados en debates previos —y las mismas discusiones legislativas— señalaron que la efectividad dependerá de la calidad y accesibilidad de los cursos, así como de la supervisión de su implementación.
Además, la falta de definición sobre la duración y modalidad de los módulos puede llevar a disparidades en la formación si no se establecen estándares claros. Otro desafío será garantizar cobertura en zonas rurales y pequeños municipios para que la capacitación no quede concentrada en las grandes ciudades.
Agenda legislativa vinculada
En el mismo paquete de sanciones, la Legislatura dio media sanción a otros proyectos; entre ellos, uno de expropiación relacionado con la localidad de Alejandra, en el departamento San Javier, que fue destacado por su relevancia local.
| Aspecto | Situación actual |
|---|---|
| Estado del proyecto | Sancionado por Senado y Diputados; remitido al Ejecutivo |
| Entidad responsable de reglamentar | Agencia de Seguridad Vial de la Provincia |
| Módulos | No definidos; quedan a reglamentación |
La sanción definitiva abre una etapa de definición técnica y operativa. La expectativa de los patrocinadores del proyecto es que, una vez reglamentada, la norma contribuya a reducir daños en siniestros y a aumentar la preparación ciudadana ante situaciones críticas. Ahora resta conocer los detalles que la Agencia de Seguridad Vial establecerá para poner en práctica la ley.
