Concejales habilitan proceso por denuncias vinculadas a servicios y ambiente
El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó por unanimidad iniciar el trámite de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La decisión formaliza un procedimiento que surge de una denuncia vecinal y que apunta a seis ejes de presunto mal desempeño e incumplimiento de deberes por parte del Ejecutivo municipal.
La solicitud que motivó el avance fue presentada por la vecina Valeria López Oronoz, quien enumeró seis puntos críticos en su exposición ante las autoridades municipales. Entre los principales motivos consignados en la denuncia figura el colapso del sistema cloacal, derivado, según la presentación, de la saturación de las plantas de tratamiento y de vuelcos reiterados de efluentes sin tratar al lago Lácar y arroyos locales.
“Como vecina de San Martín de los Andes, no puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural, el desorden financiero y la falta de respuesta institucional.”
Además del tema sanitario y ambiental, la denuncia incluye otros hechos que, según López Oronoz, configuran incumplimientos de la función pública. Entre ellos se destaca una mora superior a $1.700.000.000 con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que habría provocado cortes de suministro en dependencias públicas, incluido el Palacio Municipal.
Obras, ordenamiento territorial y presuntas obstrucciones
La presentación también cuestiona la ejecución de obras en el Cerro Chapelco por parte de la concesionaria, alegando que se realizaron sin la correspondiente licencia ambiental previa y provocaron daños que, según la denuncia, fueron reconocidos por el Poder Ejecutivo. En materia de planificación urbana, la vecina objetó el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), denunciando la elusión de audiencias públicas obligatorias y la existencia de registros que no reflejarían fielmente la participación ciudadana.
Finalmente, la causa incorpora señalamientos sobre el supuesto incumplimiento de órdenes judiciales y la obstrucción de controles, con acusaciones de no acatar medidas del Tribunal Superior de Justicia y de descalificar la labor de la Contraloría Municipal.
- Decisión del Concejo: aprobada por unanimidad.
- Denunciante: vecina Valeria López Oronoz.
- Puntos centrales: colapso cloacal, deuda con EPEN, obras sin licencia, irregularidades en POT, incumplimientos judiciales y obstrucción de control.
| Acusación | Detalle consignado en la denuncia |
|---|---|
| Colapso del sistema cloacal | Saturación de plantas y vuelcos de efluentes al lago Lácar y arroyos. |
| Mora con EPEN | Mora superior a $1.700.000.000, con cortes de suministro en dependencias públicas. |
| Obras sin licencia ambiental | Trabajos en Cerro Chapelco realizados sin licencia previa; daños reconocidos por el Ejecutivo. |
El avance del trámite no implica aún una sentencia ni la remoción automática del intendente; habilita el procedimiento previsto en la Carta Orgánica Municipal para investigar las imputaciones y eventualmente sostener una acusación formal. El carácter unánime de la aprobación en el cuerpo deliberativo indica que el expediente continuará su curso con mayor celeridad institucional.
La denuncia refleja tensiones que cruzan la gestión municipal: la provisión de servicios básicos, la relación con entes provinciales, la supervisión de concesionarias y la transparencia en procesos de planificación territorial. Para los vecinos que impulsaron el pedido, se trata de una respuesta a lo que describen como una “degradación” del entorno y de la administración local; para el Ejecutivo, el proceso será una instancia de defensa y de esclarecimiento de las responsabilidades que se le atribuyen.
En los próximos pasos formales, el Concejo deberá conformar las comisiones o instancias que investiguen cada punto presentado en la denuncia, tomar declaración de testigos y recabar la documentación que sustente o descarte las imputaciones. El trámite puede prolongarse según la complejidad de las pruebas y los recursos procesales que se presenten.
La ciudad, que convive con desafíos vinculados a la infraestructura sanitaria y al crecimiento turístico, enfrenta ahora una pulseada institucional cuyo desenlace tendrá impacto en la ejecución de obras, en la provisión de servicios y en la confianza ciudadana sobre el manejo de fondos y permisos ambientales.
