Arranca en Río Cuarto un juicio clave por delitos de lesa humanidad
Con dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, organismos de derechos humanos y víctimas presentes, esta semana se inició en los Tribunales Federales de Río Cuarto un juicio que sienta a la barra de imputados a 20 ex militares y ex policías por un total de 72 hechos de terrorismo de Estado cometidos en la ciudad y en el sur de la provincia durante la última dictadura cívico‑militar (1976‑1983).
La causa incluye a víctimas que son rostros conocidos en el tejido social local: entre ellas figura Juan Carlos Giuliani, periodista y dirigente sindical que estuvo detenido durante años y obtuvo la libertad con el regreso de la democracia. Giuliani es padre de dos dirigentes de ATE Córdoba, Federico y Julia Giuliani; esta última asistió a la audiencia y destacó el papel de la organización en acompañar el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia.
“Es una causa sumamente importante en un contexto nacional de negacionismo... Nos parece un hecho clave en donde se busca traer justicia a 50 años de hechos de terrorismo de Estado, en el sur de nuestra provincia, con Río Cuarto como el epicentro”, dijo Julia Giuliani.
El municipio, querellante pionero
Un dato institucional que subraya la singularidad del juicio es que Río Cuarto fue el primer municipio del país aceptado como querellante en una causa de lesa humanidad. La Comisión Municipal de la Memoria —integrada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Concejo Deliberante, la CGT, la CTA, organismos de derechos humanos y el Estado municipal— obtuvo ese rol hace seis años.
Además, la Universidad Nacional de Río Cuarto aportó al expediente la apertura de archivos y documentación que, según se informó en la causa, resultaron relevantes para la investigación. El proceso judicial se conoce en el ámbito local como la causa vinculada a hechos en la zona sur de la provincia, con episodios concentrados en las décadas del setenta.
Qué se juzga y por qué importa aquí
En términos concretos, el juicio busca analizar responsabilidad penal por hechos que la Justicia califica como terrorismo de Estado y que tuvieron impacto directo en la comunidad riocuartense y distritos cercanos. El inicio del debate cobra particular relevancia en un momento marcado por presiones públicas sobre el reconocimiento de las víctimas y por discursos negacionistas a nivel nacional.
- Imputados: 20 ex militares y ex policías.
- Hechos imputados: 72 hechos de terrorismo de Estado.
- Participación institucional: Municipio constituido como querellante; Universidad Nacional abrió archivos.
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Número de imputados | 20 |
| Hechos en la acusación | 72 |
| Años desde los hechos | Alrededor de 50 años según la dirigente citada |
Consecuencias locales y el eje de la memoria
El inicio del juicio reaviva debates históricos que siguen presentes en la ciudad: la búsqueda de justicia para las víctimas, el rol de las instituciones locales en conservar la memoria y la tensión frente a relatos que minimizan o niegan la dimensión del terrorismo de Estado. Para sectores vinculados al movimiento obrero y a los organismos de derechos humanos, el proceso judicial es una pieza imprescindible para saldar una deuda histórica.
Desde la perspectiva práctica, el desarrollo del juicio implica además movilización de testigos, apertura de expedientes y prueba documental, y coloca a Río Cuarto en el centro de un debate nacional sobre cómo se juzgan y se recuerdan los crímenes del pasado. La participación activa del municipio como querellante también plantea un precedente para otros distritos que quieran involucrarse institucionalmente en causas de lesa humanidad.
En una ciudad que reivindica parte de su identidad a partir del activismo social y universitario, la causa funciona como punto de confluencia: avanza la investigación judicial y, al mismo tiempo, se mantiene viva la discusión pública sobre la memoria y la justicia.
El juicio continuará en los Tribunales Federales de Río Cuarto con las próximas audiencias y la presentación de pruebas, en un proceso que la comunidad local seguirá de cerca por su impacto simbólico y judicial.
