La investigación por presuntas privaciones ilegítimas de la libertad, apremios ilegales y torturas en la comisaría de Ulapes, en la provincia de La Rioja, alcanzó a ocho policías que fueron imputados en una causa penal, pero la situación administrativa de los agentes permanece envuelta en versiones contradictorias, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Los hechos que originaron la causa
El expediente se inició a partir del relato de personas que dijeron haber sido detenidas en el departamento Ayacucho y luego trasladadas a la seccional de Ulapes, donde, según las denuncias, habrían sido encapuchadas y sometidas a violencia para forzar confesiones. Las acusaciones, que todavía deben ser probadas en el proceso penal, dieron lugar a la imputación de ocho efectivos.
El fiscal Julián de la Colina confirmó públicamente que la pesquisa abarcaba a varios integrantes de la dependencia. En el detalle aportado por la fiscalía, la investigación "alcanzaba a cinco policías que estaban de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial".
"La investigación alcanzaba a cinco policías que estaban de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial."
Acciones de la querella y pedido a Asuntos Internos
El abogado querellante, Nicolás Mercado, entregó copias certificadas de las denuncias, las ratificaciones, el dictamen fiscal y la resolución judicial a la Dirección de Asuntos Internos el pasado 12 de agosto, con el objetivo de acelerar el sumario administrativo y que se defina la situación funcional de los efectivos involucrados, informó la agencia.
Mercado expresó además la complejidad de identificar individualmente a los presuntos responsables, ya que los denunciantes relataron que los agresores tenían el rostro cubierto durante los episodios. También reclamó medidas para preservar elementos probatorios, entre ellos el libro de guardia de la seccional.
Disparidad en la gestión administrativa
En paralelo al trámite penal, surgieron versiones contradictorias sobre las medidas administrativas adoptadas por la fuerza. Según fuentes consultadas por la agencia, Asuntos Internos había dispuesto inicialmente el apartamiento preventivo de todos los involucrados. No obstante, al día siguiente circularon informaciones que indicaban que los agentes estaban bajo licencia médica o administrativa pero sin suspensión de sus cargos.
| Aspecto | Situación reportada |
|---|---|
| Imputados | 8 policías imputados en la causa penal |
| Alcance de la investigación penal | 5 agentes de guardia + comisario + 2° jefe + otro oficial |
| Medida administrativa (versión 1) | Apartamiento preventivo por Asuntos Internos |
| Medida administrativa (versión 2) | Licencias médicas/administrativas sin suspensión de cargos |
Responsabilidad institucional y competencias
La conducción de la Policía en la provincia depende del Poder Ejecutivo provincial, mientras que la determinación penal corresponde al Ministerio Público Fiscal y al fuero competente en la causa. En ese marco, la querella reclamó una respuesta institucional al gobernador Ricardo Quintela, en tanto las familias y denunciantes esperan claridad sobre las medidas de protección y la preservación de pruebas.
Qué queda por resolver
- Avanzar en la identificación individual de los presuntos autores, dificultada por el testimonio de personas que dijeron que los agresores tenían el rostro cubierto.
- Determinar la medida administrativa definitiva sobre los ocho agentes: si se confirma el apartamiento preventivo o permanecen en licencia sin suspensión.
- Preservación y peritaje del material probatorio, en particular el libro de guardia de la seccional y cualquier registro o filmación que pudiera existir.
Fuentes judiciales consultadas por la agencia señalaron además que no constaban detenidos en relación con las imputaciones y que continuaban pendientes diversas medidas solicitadas por las partes en la investigación.
La causa sigue en una etapa en la que la imputación no equivale a una condena: corresponde al avance del proceso penal, la recolección de pruebas y las audiencias determinar responsabilidades penales. En tanto, la discusión sobre la respuesta administrativa de la policía provincial pone en el centro el debate sobre controles internos y transparencia en la investigación de conductas graves atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.
