El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, suscribieron un acta de intención que abre la posibilidad de transferir a la Provincia de Neuquén inmuebles del programa Procrear y otros bienes del Estado nacional como parte del mecanismo de extinción de obligaciones recíprocas (REOR).
Qué implica el acuerdo
El entendimiento, enmarcado en el Decreto 969/24, busca facilitar la compensación de deudas entre la Nación y las provincias mediante la cesión de activos. Según el acta de intención publicada en el parte oficial, la Nación manifestó su voluntad de transferir bienes que podrán ser considerados como parte de la cancelación de obligaciones pendientes entre ambos niveles de gobierno.
Las transferencias propuestas incluyen, de forma explícita, inmuebles vinculados al programa Procrear y "otros bienes que sean identificados durante la negociación". No obstante, la incorporación de esos activos al patrimonio provincial estará condicionada a varios requisitos técnicos y jurídicos.
Condiciones y trámites necesarios
El acta especifica que cualquier inmueble transferido deberá cumplir con la disponibilidad jurídica, dominial, técnica y administrativa. Además, los bienes deberán ser valuados por los organismos competentes y tramitar su transferencia ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para formalizar el traspaso del dominio a favor de la Provincia.
En la práctica, eso implica al menos tres pasos previos a cualquier entrega efectiva:
- Verificación de la titularidad y ausencia de gravámenes sobre los inmuebles.
- Valoración técnica y económica por organismos oficiales.
- Trámites administrativos ante la AABE para la transferencia del dominio.
Ámbitos de aplicación y deudas contempladas
El acuerdo contempla que estos bienes pueden formar parte de los mecanismos de compensación por obligaciones vinculadas, en particular, con lo relacionado al Consenso Fiscal 2017, norma aprobada por la Ley N° 27.429. No se detallaron en el acta montos específicos ni la lista concreta de inmuebles que podrían pasar a la Provincia.
| Elemento | Situación según el acta |
|---|---|
| Tipo de bienes | Inmuebles del programa Procrear y otros bienes identificables |
| Condición previa | Disponibilidad jurídica, dominial, técnica y administrativa |
| Organismo para formalizar traspaso | Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) |
| Marco legal | Decreto 969/24 (REOR) y Consenso Fiscal 2017 (Ley N° 27.429) |
Posibles beneficios y limitaciones para Neuquén
Si las transferencias se concretan, la Provincia podría recibir activos que aumenten su patrimonio y, eventualmente, su capacidad para destinarlos a políticas públicas locales, incluidas soluciones habitacionales o proyectos de infraestructura. Sin embargo, el valor real de esa compensación dependerá de la valuación oficial de cada bien y de los costos administrativos para ponerlos en funcionamiento o convertirlos en ingresos ejecutables.
Además, la utilidad práctica de las transferencias podría verse limitada por inmuebles con problemas dominiales, necesidad de obras o usos incompatibles con las prioridades provinciales. Los requisitos de disponibilidad jurídica y técnica mencionados en el acta no son meros formalismos: suelen incidir en el tiempo y el costo de cualquier transferencia estatal.
Contexto político y financiero
El régimen de extinción de obligaciones recíprocas (REOR) fue creado con el objetivo de sanear cuentas públicas y facilitar la cancelación total o parcial de deudas entre niveles del Estado mediante mecanismos alternativos al pago en efectivo. La iniciativa puede resultar funcional para provincias con restricciones de caja, aunque su implementación práctica suele requerir negociaciones detalladas sobre la calidad y el valor de los bienes ofrecidos.
En la reunión en Buenos Aires, el gobernador Figueroa buscó avanzar en una opción que le permita a la provincia compensar obligaciones sin recurrir a recursos financieros inmediatos. Desde la Nación, la propuesta ofrece una vía para resolver pasivos cruzados utilizando activos disponibles del Estado nacional.
Por ahora, el acta de intención marca una voluntad política de ambas partes, pero no cerró listados concretos ni plazos. Los próximos pasos dependerán de las auditorías dominiales y valorativas, y del desarrollo de los trámites administrativos previstos por la normativa vigente.
