El gobierno de la provincia mantuvo un encuentro con la representante de ONU Mujeres en Argentina para avanzar en la implementación del Plan Provincial Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028. La reunión se centró en reforzar los dispositivos territoriales de protección y diseñar acciones concretas para las comunidades que conviven con actividades mineras.
Participaron del diálogo el gobernador Carlos Sadir, la titular del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Lourdes Navarro, y el ministro de Minería, José Gómez, entre otras autoridades. Según el parte oficial, el objetivo fue coordinar tareas entre el Estado provincial, ONU Mujeres y actores locales para fortalecer las políticas de prevención y atención frente a las violencias.
Diagnóstico y trabajo con la minería
Como primera medida acordada, las partes prevén realizar un diagnóstico puntual en las comunidades aledañas a los yacimientos. La intención es identificar barreras y oportunidades para intervenir de manera ajustada a las realidades locales, especialmente en las zonas de la Puna donde existen cadenas de provisión de servicios a empresas extractivas.
El gobernador puso en valor la participación de las comunidades originarias y su rol como proveedoras de servicios —alimentación, alojamiento y confitería, entre otros— en la dinámica minera. En ese marco, subrayó la importancia de articular políticas que no sólo respondan a episodios de violencia, sino que también promuevan igualdad de condiciones en el empleo y la contratación local.
Ejes del plan
Desde ONU Mujeres se explicó que el plan provincial se sostiene en tres ejes principales: prevención de las violencias, atención de las violencias y autonomía económica. El acompañamiento técnico de la organización internacional buscará aportar herramientas y metodologías para que esas líneas se vuelvan operativas en el territorio jujeño.
“Tiene un gran esfuerzo del Consejo Provincial de la Mujer y permite organizar y articular mejor las políticas contra las violencias hacia las mujeres”,
dijo la representante de ONU Mujeres, y sostuvo además la necesidad de trabajar de forma integrada con empresas y comunidades para impulsar programas de empoderamiento.
Acciones concretas y destinatarios
De las conversaciones surgió la decisión de encarar acciones con distintos actores:
- Realizar un diagnóstico en cada comunidad para mapear barreras y oportunidades.
- Trabajar con las empresas mineras para que incorporen políticas de igualdad laboral.
- Promover en el sector público medidas que faciliten la inclusión de mujeres en la actividad minera.
Estas medidas buscan atender no sólo la atención inmediata de situaciones de violencia, sino intervenir en causas estructurales que perpetúan desigualdades.
Enfoque territorial y respeto a cosmovisiones
En Jujuy, donde conviven distintos pueblos originarios y formas culturales propias de la Puna, la estrategia oficial recalca la necesidad de adaptar las políticas a las particularidades locales. La articulación con las comunidades busca que las iniciativas respeten las cosmovisiones y se construyan con las propias organizaciones locales, evitando respuestas homogéneas que no respondan a necesidades concretas.
| Aspecto | Acción prevista |
|---|---|
| Diagnóstico | Recopilar información sobre barreras y oportunidades en cada comunidad |
| Sector privado (minería) | Incentivar políticas de igualdad e inclusión laboral |
| Autonomía económica | Programas de empoderamiento y empleo para mujeres y diversidades |
El ministro de Minería y las demás autoridades provinciales destacaron la necesidad de que la intervención sea coordinada y sostenida en el tiempo. Subrayaron que no alcanza con medidas puntuales y que la prevención exige políticas integrales que incluyan a actores sociales, empresas y el Estado.
La presencia de ONU Mujeres aportará asesoramiento técnico para que el plan pueda traducirse en programas con indicadores claros y mecanismos de seguimiento. La articulación entre organismos busca, asimismo, que las iniciativas cuenten con recursos y capacitación para el personal de los dispositivos territoriales que atienden casos de violencia.
La iniciativa abre así una etapa de diagnóstico y acuerdos que, en los próximos meses, deberá transformarse en políticas concretas y en acciones coordinadas entre las distintas jurisdicciones y comunidades involucradas.
