Denuncia por posibles perjuicios al patrimonio provincial
El bloque de diputados provinciales de GENERAR presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Catamarca una denuncia que solicita investigar el proceso administrativo y contractual vinculado con la obra denominada "Construcción Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca". La presentación, firmada por Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, pide reconstruir la secuencia de actos desde la compra inicial de materiales hasta el acuerdo que cerró la controversia en mayo de 2026.
Según el escrito, la investigación debe abarcar varias etapas: la adquisición anticipada de la cañería en 2021, la licitación y adjudicación en 2022, la ejecución y certificación de obra, la rescisión contractual en 2024 y el posterior Acuerdo Conciliatorio firmado en 2026. Los legisladores plantean que esos actos podrían haber provocado un perjuicio al patrimonio de la Provincia y solicitan medidas probatorias urgentes.
Claves económicas y contractuales
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el trato que la Provincia concedió a la firma adjudicataria, MEGA S.R.L., tras aplicarse una multa por incumplimientos. La multa original fue de $1.963 millones, pero el acuerdo aceptado por la Provincia implicó un pago de apenas $301 millones, es decir, poco más del 15% del total sancionado. Además, el convenio incluyó la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia a reclamar eventuales perjuicios y la modificación de antecedentes registrales de incumplimiento de la contratista.
Los diputados piden que se determine qué informes técnicos, contables o jurídicos justificaron esas concesiones y si existió una evaluación de riesgos judiciales que avalara la firma del acuerdo en esos términos.
Materiales comprados y destino de la cañería
Otro aspecto que motiva la presentación es el destino de los materiales adquiridos. La Provincia compró por $1.827 millones unos 116 kilómetros de cañería de acero destinados en principio de forma exclusiva a la ejecución del gasoducto, obra que quedó paralizada y sin culminar.
La denuncia solicita una inspección física inmediata y un inventario de los predios de acopio donde se encuentran los tubos. El pliego contractual exigía la identificación individual de cada caño mediante estencilado, por lo que la constatación permitiría establecer:
- Cuánto material fue incorporado efectivamente a la obra.
- Cuánto permanece en depósito y en qué estado se encuentra.
- Si hay correspondencia entre lo adquirido y lo registrado en la documentación administrativa.
Cuestión institucional: defensa y acuerdo
Los diputados plantean además una cuestión institucional relevante: el Acuerdo Conciliatorio fue suscripto por la Fiscalía de Estado en comisión. Ese mismo organismo tiene la responsabilidad de custodiar y defender los intereses patrimoniales de la Provincia, lo que, según la presentación, podría generar un conflicto de intereses si la Provincia debe actuar como parte damnificada en una investigación.
Ante ese punto, los legisladores solicitan que se esclarezca quiénes intervinieron en la negociación del convenio, qué facultades se utilizaron y bajo qué criterios se adoptaron las concesiones que recortaron la sanción impuesta originalmente a la empresa.
Solicitud de medidas probatorias
La denuncia incluye pedidos concretos de prueba orientados a reconstruir la cadena de decisiones: requerimientos de documentación administrativa y contable, informes técnicos sobre avance de obra y certificaciones, registros de pago, y la realización de un inventario físico de los materiales comprados. También se solicita que se aclare la participación de funcionarios y asesores que actuaron en las distintas etapas del proceso.
| Concepto | Importe/Detalle |
|---|---|
| Multa contractual aplicada a MEGA S.R.L. | $1.963 millones |
| Pago aceptado en el Acuerdo | $301 millones |
| Liberación de garantías | $922 millones |
| Compra de cañería | $1.827 millones (116 km) |
Impacto político y fiscal
La presentación de GENERAR coloca sobre la agenda pública la gestión de grandes obras provinciales y la rendición de cuentas sobre contratos y conciliaciones. Más allá del trámite judicial que pueda abrirse, la cuestión tiene implicancias fiscales: la reducción de una sanción y la liberación de garantías elevan dudas sobre la protección del erario y la recuperación de activos o materiales ante incumplimientos contractuales.
Por ahora, la denuncia quedó radicada en el Ministerio Público Fiscal y resta saber si la Fiscalía dispondrá medidas urgentes de inspección y peritajes para verificar el estado de los materiales y la legitimidad del Acuerdo Conciliatorio que consensuó la Provincia.
