El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido en la madrugada del viernes luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por su defensa, con lo que quedó firme la condena por hechos de corrupción dictada en 2022. La medida también alcanzó a su cuñado Juan Pablo Aguilera y al exministro Pedro Báez, quienes fueron condenados en la misma causa.
Traslado desde Concordia y destino en Paraná
Según el procedimiento judicial, la Policía se presentó en el domicilio de Urribarri en Concordia y lo trasladó hacia la capital provincial. El recorrido entre ambas ciudades, por la Ruta Nacional 18, demandó cerca de cuatro horas y cubrió unos 280 kilómetros. Los tres condenados fueron alojados en la Unidad Penal N°1 Dr. Juan J. O'Connor, de Paraná, donde deberán comenzar a cumplir las penas impuestas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad.
La sentencia y los delitos por los que fue condenado
La sentencia originaria data del 7 de abril de 2022, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná dictó distintas penas contra los involucrados. En ese fallo, Urribarri recibió una condena de ocho años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los delitos por los que fue condenado fueron negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
En el mismo expediente, Aguilera y Báez resultaron sentenciados a seis años y medio de prisión. La investigación judicial se centró en contrataciones de publicidad oficial realizadas durante la gestión provincial entre 2010 y 2015 y en presuntos pagos a empresas sin actividad real, en un esquema que la acusación vinculó con el beneficio a testaferros.
Intervención de la Corte Suprema
La decisión del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que consideraron inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas. La resolución dejó sin efecto la posibilidad de que los condenados continuaran su espera en libertad a la espera de una nueva instancia judicial.
Alcance del expediente
Además de las contrataciones de publicidad oficial, la causa incorporó gastos vinculados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014 y otras contrataciones relacionadas con la administración provincial. La imputación sostuvo que existió un direccionamiento de contratos hacia firmas con escasa o nula actividad real y un entramado de beneficiarios finales asociados a personas cercanas al exgobernador.
- Fecha de la condena original: 7 de abril de 2022.
- Sentencia de Urribarri: 8 años de prisión e inhabilitación perpetua.
- Sentencia de Aguilera y Báez: 6 años y medio de prisión.
- Sede de cumplimiento: Unidad Penal N°1 Dr. Juan J. O'Connor, Paraná.
| Persona | Pena | Situación |
|---|---|---|
| Sergio Urribarri | 8 años + inhabilitación perpetua | Detenido y trasladado a Paraná |
| Juan Pablo Aguilera | 6,5 años | Detenido y trasladado a Paraná |
| Pedro Báez | 6,5 años | Detenido y alojado en la unidad penal |
Implicancias locales y contexto
La detención de un exgobernador tiene efectos simbólicos y prácticos en la provincia. Simbólicamente, marca la consumación de una condena significativa contra un dirigente que ejerció el poder provincial durante varios años. En lo práctico, el fallo y el cumplimiento de la pena impactan en la vida política local: la inhabilitación perpetua de Urribarri lo excluye definitivamente de la posibilidad de ejercer cargos públicos en el futuro inmediato.
En el plano institucional, la resolución de la Corte ratifica la decisión del tribunal de Paraná y cierra una etapa procesal que se prolongó varios años con diversas apelaciones y planteos de las defensas. La concreción del traslado y el alojamiento en la unidad penal implicaron un operativo coordinado entre fuerzas provinciales y los órganos judiciales competentes.
Qué queda por delante
Con el rechazo de los recursos extraordinarios y la firmeza de la condena, la causa ingresa en una etapa donde la prioridad pasará por el cumplimiento de las penas y por las posibles acciones administrativas o civiles que deriven de las sentencias. Cualquier recurso ulterior deberá inscribirse en los marcos procesales que permitan revisar sentencias firmes, pero por ahora la decisión de la Corte marca un punto final a las instancias ordinarias de apelación.
La detención de Urribarri es, en definitiva, un hecho relevante para la provincia que combina dimensiones judiciales, políticas y administrativas. La concreción del traslado y la cárcel en Paraná materializan una condena que había sido dictada hace más de cuatro años y que hoy, tras la intervención del máximo tribunal, quedó definitivamente ejecutable.
