Tapachula, Chiapas — Denuncias ciudadanas y una querella legal han puesto en el foco público el funcionamiento de empresas de grúas y corralones en esta ciudad, donde automovilistas y motociclistas han denunciado cobros que consideran abusivos y prácticas que, según los afectados, se dan al amparo de la ambigüedad regulatoria.
Acusaciones y montos señalados
El abogado Guillermo González Cinco informó que, a falta de reglas precisas sobre conceptos como banderazo, arrastre, maniobras, custodia y encierro, algunos prestadores del servicio aplican tarifas a discreción. Según su señalamiento, hay casos en los que propietarios han tenido que pagar entre 35,000, 45,000 y hasta 50,000 pesos para recuperar un vehículo.
“Los costos por arrastre de vehículos que son llevados al corralón son impagables para automovilistas y motociclistas”, afirmó el denunciante.
Como ejemplo concreto, González Cinco explicó que representa a la empresa Agrohumus 21, cuyo vehículo permanece desde el pasado 19 de enero en un depósito vinculado con la empresa identificada como Grúas Gómez. De acuerdo con su versión de los hechos, la unidad habría sido retirada bajo el argumento de una supuesta orden de la Policía Municipal; sin embargo, durante un juicio de amparo algunos funcionarios municipales habrían negado esa orden.
Consecuencias materiales y jurídicas
El abogado aseguró que el vehículo, modelo 2024, continúa expuesto a las condiciones del corralón y que el daño económico para la empresa demandante ya supera los 200,000 pesos. También refirió que la permanencia prolongada en depósitos —a la intemperie y sin control climático— afecta la integridad de las unidades debido a la lluvia, el sol y otras condiciones.
Ante estos hechos, González Cinco anunció que presentará esta misma semana una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y exigió que las autoridades estatales establezcan reglas claras que regulen los cobros y eviten abusos.
- Presunta discrecionalidad en tarifas aplicadas por empresas de grúas.
- Caso emblemático: vehículo de Agrohumus 21 retenido desde el 19 de enero.
- Demandas de intervención por parte de la Fiscalía y normas estatales más precisas.
Vacíos normativos y demanda de regulación
El denunciante señaló que, aunque existen tarifas establecidas, no siempre se precisa qué conceptos son cobrables y en qué condiciones. Esa falta de aclaración, dijo, permite a algunos propietarios o permisionarios de grúas determinar cargos “a su libre criterio”.
Los afectados piden a las autoridades competentes que investiguen las prácticas de arrastre y custodia, auditando tanto las órdenes bajo las que se retiran unidades como los conceptos y montos que se facturan en los corralones. Reclaman, además, transparencia sobre la participación de la autoridad municipal en las remociones de vehículos y sobre la existencia de permisos o concesiones otorgadas a empresas de grúas.
| Concepto | Dato citado |
|---|---|
| Fechas relevantes | 19 de enero (retención del vehículo de Agrohumus 21) |
| Montos denunciados | 35,000 / 45,000 / 50,000 pesos (casos reportados) |
| Daño económico alegado | Superior a 200,000 pesos (para Agrohumus 21) |
En Tapachula, donde la movilidad, el transporte y la economía cotidiana dependen en gran medida del transporte particular y de motocicletas, la agudización de este conflicto tiene implicaciones directas para familias y negocios que podrían quedar sin medios de traslado o frente a gastos imprevistos elevados.
Se espera que la denuncia anunciada ante la Fiscalía General del Estado permita abrir líneas de investigación sobre las órdenes de remisión de vehículos, la legalidad de los cobros y el trato que reciben las unidades en los depósitos. Mientras tanto, asociaciones de automovilistas y defensores de derechos de consumidores podrían sumar reclamos para buscar la regulación y supervisión que reclaman los habitantes de Tapachula.
WE NEWS dará seguimiento a la presentación de la denuncia y a cualquier actuación de autoridades estatales o municipales que derive de las investigaciones.
