Cuernavaca, Mor. — El Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo de Morelos, junto con otras organizaciones sindicales municipales y agrupaciones de jubilados, advirtieron que procederán a paralizar pacíficamente las oficinas del gobierno estatal si se concreta la reforma al artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Morelos, cuya intención, dijeron, es modificar la Ley del Servicio Civil y afectar las pensiones.
Origen del conflicto
Los trabajadores se movilizaron el pasado 14 de julio en una marcha para expresar su rechazo a la intención del gobierno estatal de reformar el citado artículo constitucional. Tras la movilización, aceptaron —a petición del Ejecutivo— participar en una mesa de trabajo junto con otros sindicatos y organizaciones de jubilados para elaborar una propuesta para el Instituto de Pensiones del Estado de Morelos.
Sin embargo, durante ese encuentro, el dirigente sindical Ramón Wong Balboa afirmó que la propia gobernadora Margarita González Saravia reconoció haber enviado al Congreso local un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Civil que, según los trabajadores, perjudicaría sus derechos de retiro. Aun así, denunciaron que las autoridades se niegan a mostrar el documento ni a explicar en qué consiste exactamente la reforma propuesta.
Acusaciones de falta de transparencia
Los representantes sindicales reprocharon que el gobierno buscó que la representación de los trabajadores participara en la mesa sin tener acceso al proyecto, lo que calificaron como una maniobra para “validar el despojo de nuestros derechos”. En sus palabras, se les pretendía poner "en un callejón sin salida" para que sirvieran como un sello de aprobación.
“El gobierno del estado deseaba que la representación de los trabajadores entráramos en esa mesa completamente aislados, ciegos y sordos. Querían meternos en un callejón sin salida, donde las negociaciones ya estaban tomadas por decreto, en lo oscurito; querían utilizarnos como un sello de goma para validar el despojo de nuestros derechos”.
Además, señalaron una contradicción que atribuyen a la administración: mientras en la mesa los mandatarios aseguraban que no existía un proyecto que afectara las pensiones, la gobernadora públicamente anunciaba que el documento estaba próximo a ser enviado al Congreso de la 56 Legislatura.
Medidas anunciadas y alcance
Frente a esa opacidad, las organizaciones adelantaron la posibilidad de un paro administrativo que consistiría en la ocupación pacífica y la paralización de oficinas estatales. No se ofrecieron fechas concretas ni el alcance institucional del bloqueo, pero la advertencia apunta a presionar para que el Ejecutivo y los diputados transparenten el texto que se pretende modificar.
- Actores involucrados: sindicatos estatales, sindicatos municipales y jubilados del gobierno estatal.
- Demanda central: acceso al proyecto de reforma y garantías de que no se afectarán pensiones.
- Riesgo declarado: paralización pacífica de oficinas estatales hasta que haya certidumbre.
Contexto y posibles implicaciones
La discusión sobre el artículo 131 y la Ley del Servicio Civil incide directamente en la seguridad jurídica de muchas y muchos trabajadores del estado, especialmente jubilados y pensionados que dependen del Instituto de Pensiones del Estado de Morelos. Cualquier cambio en la normativa puede repercutir en montos, requisitos de jubilación o en la estructura financiera del instituto, con efectos fiscales y sociales que el sindicato teme sean en detrimento de los servidores públicos.
Hasta el cierre de esta información, ni la gobernadora ni los secretarios del gabinete ni los diputados locales habían exhibido el proyecto de reforma ni ofrecido una explicación pública detallada sobre su contenido. Esa falta de documentación alimenta la desconfianza y las versiones contrapuestas entre actores laborales y autoridades.
Demandas y vías de resolución
Los sindicatos plantean como condiciones mínimas para evitar la movilización: conocimiento público del proyecto, apertura real al diálogo con posibilidad de enmienda en beneficio de las y los trabajadores, y garantías expresas de que las pensiones no serán disminuidas. En términos institucionales, el reclamo se centra en contar con información oficial y con la participación plena de los representantes laborales en las negociaciones.
| Actor | Posición |
|---|---|
| Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo de Morelos | Rechazo a la reforma; anuncia paralización pacífica |
| Jubilados y otros sindicatos | Exigen acceso al proyecto y garantías sobre pensiones |
| Gobierno Estatal (Margarita González Saravia) | Afirmó haber enviado proyecto al Congreso; no ha mostrado texto |
| 56 Legislatura | No ha hecho público el contenido de la iniciativa |
El desenlace dependerá de la respuesta del Ejecutivo y del Legislativo para abrir el documento y establecer una mesa con condiciones claras. Mientras tanto, la amenaza de paralización mantiene en tensión la relación entre trabajadores y gobierno en Morelos.
