El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma al sistema de pensiones de Nayarit en el punto relativo al incremento de los años de cotización necesarios para obtener el 100% de la pensión, pero anuló diversas disposiciones del paquete normativo por considerarlas contrarias a la Constitución y al marco de protección de los derechos laborales.
Qué avaló y qué invalidó el máximo tribunal
Según la resolución, la Corte concluyó que el aumento en el periodo de cotización tiene como propósito garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones estatal. No obstante, el tribunal declaró inválidas otras reglas aprobadas por el Congreso de Nayarit que:
- Excluían automáticamente ciertas enfermedades del régimen de riesgos de trabajo.
- Incorporaban a entidades privadas patronales y a personas trabajadoras independientes en términos que la Corte consideró impropios o no suficientemente regulados.
Además, la SCJN determinó que la legislatura local omitió regular dos asuntos que debía haber previsto: un mecanismo que evite la pérdida de valor real de las pensiones con el tiempo y la participación de las personas trabajadoras en las decisiones del Fondo de pensiones.
Derechos de las personas trabajadoras ya en servicio
La sentencia aclara la situación de quienes ya se encuentran en activo: las personas trabajadoras podrán optar por permanecer en el sistema vigente o incorporarse al nuevo régimen sin que ello implique la pérdida de los años de cotización o de las aportaciones que hayan realizado hasta la fecha.
| Aspecto | Resolución de la SCJN |
|---|---|
| Años de cotización para 100% de pensión | Validado |
| Exclusión automática de enfermedades | Invalidado |
| Inclusión de privados e independientes | Invalidado (por regulación insuficiente) |
| Mecanismo contra pérdida de valor | Falta de regulación: pendiente |
| Participación de trabajadoras/es en decisiones del Fondo | Falta de regulación: pendiente |
Plazos y obligaciones para el Congreso de Nayarit
La Corte otorgó al Congreso de Nayarit un plazo hasta diciembre de 2026 para corregir las normas observadas y remediar las omisiones detectadas. El órgano legislativo deberá, por tanto, promulgar reglas complementarias que establezcan mecanismos de actualización del poder adquisitivo de las pensiones y la participación de representantes de las personas trabajadoras en la toma de decisiones del Fondo.
La decisión implica que, mientras el Congreso emite las correcciones, subsistirá un marco jurídico mixto: el aumento de los años de cotización permanecerá vigente, pero las previsiones que la Corte consideró lesivas o insuficientes quedan sin efecto y requerirán nueva regulación para operar de forma constitucional.
Implicaciones prácticas para jubilados y futuros pensionados
- Quienes ya están en servicio tienen garantizada la conservación de sus años cotizados y aportaciones, con la opción de elegir el sistema que más les convenga.
- Sin una norma que actualice las pensiones, persiste la preocupación por la erosión del valor real de las prestaciones frente a la inflación.
- La ausencia de una normativa clara sobre la participación de trabajadoras y trabajadores en el Fondo puede afectar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos.
Contexto y retos presupuestarios
La Corte fundamentó la validación del aumento de años de cotización en la necesidad de preservar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto plantea un desafío para la administración pública estatal: equilibrar la viabilidad actuarial del fondo con la protección de derechos adquiridos y la suficiencia de las pensiones futuras.
Corregir las normas requeridas antes de diciembre de 2026 será clave para evitar incertidumbre jurídica y administrativa. Además, el Congreso estatal tendrá que diseñar mecanismos técnicos —posiblemente con asesoría actuarial— que garanticen tanto la actualización de las pensiones como la participación efectiva de las personas trabajadoras en la gobernanza del sistema.
Qué sigue
El siguiente paso corresponde al Poder Legislativo de Nayarit: elaborar y aprobar las reformas que la Suprema Corte demandó. Mientras tanto, la resolución mantiene en vigor la exigencia de más años de cotización para obtener la pensión completa, pero obliga al estado a corregir las disposiciones que restringían derechos o dejaban vacíos normativos.
