Iniciativa para depurar la memoria urbana
La diputada local por Morena, Marisol Bazán Fernández, presentó un planteamiento para revisar la nomenclatura de calles, avenidas, colonias y espacios públicos en el estado de Guerrero, con el objetivo de evitar que se homenajee mediante nombres a personas cuya actuación desde el poder quede vinculada con episodios de represión o violaciones graves a los derechos humanos.
Según la legisladora, los nombres colocados en espacios públicos son una forma de memoria colectiva; por ello, el Estado tiene la responsabilidad de no perpetuar homenajes que contradigan la dignidad de las víctimas y la reparación simbólica que exige la memoria histórica.
Casos referenciales que motivan la propuesta
En su exposición, Bazán Fernández citó como referentes hechos que han marcado a la sociedad guerrerense, sin plantear en el texto una lista cerrada. Entre los episodios mencionados aparecen la masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) —cuando policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el municipio de Coyuca de Benítez— y la masacre de El Charco (7 de junio de 1998) en Ayutla de los Libres, durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero.
Sobre Aguas Blancas, el documento recuerda la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró que en esos acontecimientos existió una violación grave de garantías individuales y señaló responsabilidades de integrantes de la administración estatal de entonces.
| Hecho | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Masacre de Aguas Blancas | 28 de junio de 1995 | Coyuca de Benítez |
| Masacre de El Charco | 7 de junio de 1998 | Ayutla de los Libres |
Memoria pública, responsabilidad estatal y debate ciudadano
La propuesta de la diputada abre un espacio de discusión sobre la relación entre memoria pública y legitimidad del Estado. Bazán Fernández planteó que mantener nombres de personajes señalados por su responsabilidad política o institucional en acontecimientos que dejaron víctimas y heridas abiertas representa una contradicción frente al deber de preservar la memoria de las víctimas.
En el fondo, la iniciativa busca equilibrar dos principios: por un lado, la preservación de la memoria histórica; por otro, el reconocimiento del daño causado por actuaciones estatales o de servidores públicos que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos documentadas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la propia SCJN.
Posibles alcances y preguntas pendientes
El documento presentado por la legisladora no detalla un procedimiento técnico ni jurídico para realizar los cambios de nomenclatura. Entre las preguntas que deja el planteamiento están:
- ¿Qué criterios precisos se aplicarán para determinar la vinculación de una persona con hechos de represión o violaciones de derechos humanos?
- ¿Existirá un procedimiento de consulta con víctimas, familias y comunidades afectadas?
- ¿Quiénes serán las instancias encargadas de evaluar y ejecutar los cambios: ayuntamientos, el Congreso local, comisiones de la verdad, o juntas ciudadanas?
La propuesta tampoco indica si se considerarán opciones como la colocación de placas explicativas o la reubicación de homenajes, alternativas que en otros contextos han servido para matizar la memoria sin borrarla totalmente.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el cierre de esta nota no se registraron pronunciamientos públicos de otros grupos parlamentarios en el Congreso estatal ni de autoridades municipales sobre una posible revisión generalizada de nomenclaturas. La iniciativa, en tanto, podría dar lugar a la presentación formal de un proyecto de decreto o a la creación de una comisión especial para analizar casos concretos.
Si avanza, la propuesta deberá confrontar consideraciones legales, patrimoniales y de memoria social. El debate promete involucrar a familias de víctimas, organizaciones de derechos humanos, historiadores y autoridades locales, que tendrán que ponderar la reparación simbólica, el derecho a la memoria y la libertad de expresión en el espacio público.
En las siguientes sesiones del Congreso local será posible conocer si la iniciativa se traduce en una reforma normativa o en acuerdos con municipios para iniciar procesos de revisión puntual.
