La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California anunció que buscará la separación del cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y que legisladores federales panistas promoverán un juicio político ante el Congreso de la Unión. El planteamiento desató un choque político y jurídico con la mayoría morenista en la Legislatura local, que impidió en la sesión ordinaria avanzar el punto en el orden del día.
Disputa sobre la competencia: Congreso local vs Congreso federal
El argumento central del PAN obedece a una modificación constitucional de 2024 que, según sus legisladores, impide que el Congreso estatal pueda promover un juicio político contra quien ocupa una gubernatura en funciones. El diputado Juan Diego Echevarría afirmó que, por esa razón, la vía válida es presentar la solicitud ante el Congreso de la Unión, que evaluaría si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento.
“Baja California sería la única entidad del país donde no puede promoverse un juicio político contra el gobernador o gobernadora en funciones mediante el Congreso estatal.”
Si la Cámara de Diputados federal determina que hay méritos, actuaría como parte acusadora ante el Senado de la República, que llevaría a cabo la deliberación correspondiente. Entre las sanciones que contempla el proceso, según los panistas, figuran la separación del cargo y la inhabilitación, aunque estos efectos dependerían de las determinaciones finales de las instancias legislativas federales.
Rechazo y tácticas en la Legislatura local
En el inicio de la sesión ordinaria de la XXV Legislatura, el diputado Juan Manuel Molina solicitó retirar del orden del día el punto relativo a la solicitud de separación de la gobernadora. Molina sostuvo que el Congreso de Baja California carece de facultades para atender la petición y reiteró que el procedimiento corresponde al Congreso de la Unión en materia de juicio político.
Con el respaldo de la mayoría de Morena y sus aliados, el punto fue efectivamente retirado del orden del día, por lo que la solicitud local no prosperó en esa sesión. La acción evidencia la tensión partidista y la estrategia de ambos frentes para dirimir el conflicto por la vía que consideren más favorable.
Implicaciones políticas y legales
La ruta planteada por el PAN traslada la disputa al ámbito federal y obliga a los actores a litigar tanto el fondo —posibles faltas administrativas o políticas atribuidas a la gobernadora— como la forma —la competencia para promover el juicio. La intervención del Congreso de la Unión implicaría plazos y etapas distintas a las que tendría un procedimiento iniciado desde un congreso estatal, y abre la posibilidad de que el tema cobre visibilidad nacional.
Para la ciudadanía de Baja California, el proceso implica una tensión institucional que puede influir en la gobernabilidad local y en la agenda del gobierno estatal. Las determinaciones finales, caso de avanzar el proceso, podrían desembocar en sanciones administrativas o políticas que afecten la administración pública y la percepción de estabilidad.
- Actor proponente: bancada del PAN en el Congreso de Baja California.
- Vía propuesta: presentar la solicitud ante el Congreso de la Unión; la Cámara de Diputados evaluaría y, de proceder, acusaría ante el Senado.
- Respuesta local: mayoría de Morena en la Legislatura local retiró el punto del orden del día por considerar que el congreso estatal no tiene facultades.
Panorama y próximos pasos
El siguiente paso, según lo anunciado por los panistas, será que legisladores federales presenten la solicitud formal en la Cámara de Diputados. Ahí se deberá determinar si existen elementos para iniciar el juicio político y, en su caso, abrir el procedimiento que podría culminar en sanciones como la separación del cargo. No existe, por ahora, información pública sobre los motivos concretos ni dictámenes que sustenten la petición; la nota oficial se concentró en la disputa competencial y en la decisión de retirar la discusión en la Legislatura estatal.
La política en Baja California se mantiene en un escenario de confrontación entre fuerzas locales y federales. El traslado de este conflicto al ámbito nacional implicará mayor escrutinio mediático y político, así como la participación de instancias federales que definirán la procedencia o no del proceso.
| Actor | Posición |
|---|---|
| PAN (bancada local) | Buscar separación y promover juicio político en la vía federal |
| Morena (mayoría local) | Considera que el congreso estatal no tiene facultades; retiró el punto del orden del día |
| Congreso de la Unión | Vía señalada por el PAN para evaluar e iniciar el juicio político |
La expectativa ahora está en la agenda de la Cámara de Diputados federal y en la capacidad del PAN para reunir los elementos que permitan acreditar responsabilidades. El desarrollo del caso marcará no solo la relación entre poderes y niveles de gobierno en Baja California, sino también la ruta procesal que seguirá un posible juicio político presentado desde la esfera federal.
