La aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga, anunció que solicitará un peritaje federal sobre un video difundido recientemente y relacionado con la colocación de mantas y mensajes en su contra el pasado 15 de junio.
Petición formal a la autoridad estatal y alcance del peritaje
Quiroga informó que solicitará formalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur que incorpore el material audiovisual a la carpeta de investigación, que preserve su cadena de custodia y que agilice las diligencias necesarias. La medida busca establecer la autenticidad, integridad, origen y trazabilidad del video, así como identificar a las personas que aparecen en él.
Según la aspirante, los objetivos concretos del peritaje son:
- Determinar si el video es auténtico y no ha sido alterado.
- Rastrear el origen y la ruta de difusión del material audiovisual.
- Identificar a las personas que participaron en la grabación o en la puesta en escena.
Implicaciones legales y exigencia de investigación profunda
Milena Quiroga subrayó que la solicitud no pretende adelantar juicios de valor sino obtener pruebas técnicas que permitan saber “quiénes participaron, cómo se organizó esta operación y quién estaba detrás”. Pidió que las diligencias se realicen sin vulnerar la presunción de inocencia ni el debido proceso.
"No nos van a intimidar ni a callar."
En su llamado, la aspirante insistió en que el caso debe investigarse con rigor y con respeto a las garantías procesales, al tiempo que advirtió que no permitirá que campañas de intimidación o desinformación se normalicen como método de competencia política.
Perspectiva de género y posibles delitos
Otra de las peticiones de Quiroga es que la investigación contemple una perspectiva de género para evaluar si las conductas denunciadas constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género o configuraciones de ilícitos previstos en la ley. Esta exigencia apunta a que el análisis no sea sólo técnico, sino también con enfoque en el impacto diferenciado que este tipo de acciones tiene sobre las candidaturas femeninas.
La aspirante planteó que, además de identificar a los ejecutores, es necesario determinar si hubo financiamiento, coordinación o planificación por parte de terceros que buscaban afectar su imagen o la de su proyecto político.
Contexto político y efectos en la contienda
El video y la difusión de mantas con mensajes en su contra aparecen en un contexto de competencia interna y de visibilización mediática de aspirantes que promueven la agenda de la Cuarta Transformación en la entidad. En su comunicado reiteró que tales acciones también van dirigidas a desacreditar el proyecto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según lo expresado por la propia aspirante.
Hasta el momento, la Procuraduría estatal no ha emitido una versión pública detallada sobre la integración de la carpeta de investigación relacionada con el caso ni sobre la aceptación de la solicitud de peritaje federal, por lo que el avance de las diligencias será un punto a seguir en los próximos días.
Qué pedirán las autoridades y siguientes pasos
De concretarse la incorporación del video y la intervención pericial, las autoridades podrán realizar:
- Análisis forense del material audiovisual (metadatos, edición, anomalías).
- Trazabilidad de la difusión en redes y repositorios digitales.
- Comparación biométrica o de identidad de las personas que aparecen en la grabación.
| Hecho | Fecha |
|---|---|
| Colocación de mantas y mensajes | 15 de junio |
| Difusión del video | Recientemente (días previos a la solicitud) |
La petición de un peritaje federal coloca el caso en una órbita de mayor escrutinio técnico y político, y abre la posibilidad de que instancias federales aporten recursos especializados que complementen las actuaciones estatales. Para la aspirante, la ruta legal y el uso de evidencia pericial son las herramientas para demostrar responsabilidades y desactivar campañas de desinformación.
El avance de la investigación y la respuesta de la Procuraduría de Baja California Sur serán determinantes para conocer si el episodio se resuelve como una operación aislada, un delito electoral, o como un caso de violencia política de género que requiera sanciones y medidas de protección adicionales.
Desde la frontera, donde la dinámica política local y la exposición mediática se entrelazan, casos como este muestran la creciente necesidad de mecanismos técnicos y legales que preserven la integridad de las contiendas y protejan a las candidatas frente a prácticas de desprestigio.
