En Jalpa de Méndez, municipio con aproximadamente 94,500 habitantes repartidos en 64 localidades, la vida cotidiana se ha vuelto más complicada por la combinación de apagones frecuentes, deterioro de calles y un clima de inseguridad que, según autoridades locales y vecinos, es producto de la administración anterior.
Un diagnóstico municipal y la herencia política
El alcalde actual, José del Carmen Olán Olán —conocido como Chepe Olán— ha señalado que la nueva administración heredó un escenario financiero y operativo profundo. De acuerdo con el reporte que ha divulgado el equipo municipal, se presentaron desde el año pasado denuncias por un presunto desfalco y la evaluación inicial detectó un quebranto por 52 millones de pesos. Además, el ayuntamiento enfrenta pagos pendientes derivados de laudos laborales que complican la operatividad.
Cómo repercute la crisis en la vida diaria
Vecinas y vecinos coinciden en que transitar por Jalpa se ha convertido en una “carrera de obstáculos”: calles en mal estado que afectan el paso de transporte público y vehículos particulares; comercios que sufren por la irregularidad en el servicio eléctrico, y la tarde-noche, que antes era de sociabilidad, ahora llega con la ansiedad por los cortes de energía.
La paralización de servicios ha golpeado actividades clave del municipio. Aunque la región mantiene una vocación agrícola clara —con cultivos como cacao, maíz y coco—, comerciantes y productores explican que la falta de infraestructura y la inseguridad limitan la comercialización y la inversión local. También se reporta afectación en la producción y venta de productos tradicionales como la butifarra, que forma parte del tejido económico y cultural de la zona.
Impacto en el comercio y el turismo
El comercio local, en particular el de pequeñas tiendas y mercados, siente la presión de las fallas de servicio y la menor afluencia de clientes. La promoción turística, que en administraciones anteriores habría servido para detonar ingresos en ferias y festejos locales, se ha visto reducida, con atractivos sin la difusión y el mantenimiento necesarios.
Principales problemas reportados
- Déficit financiero: reporte inicial de 52 millones de pesos como quebranto.
- Laudos laborales pendientes que incrementan la presión fiscal del municipio.
- Apagones recurrentes que afectan hogares, comercios y servicios básicos.
- Calles y vialidades dañadas que afectan la movilidad y el comercio.
- Incremento de la inseguridad en algunas localidades del municipio.
La versión política: exalcaldesa y administración anterior
La administración saliente, encabezada por la exalcaldesa Nuris López Sánchez, perteneciente a Morena y cuyo periodo abarcó 2021-2024, es señalada por el actual gobierno como responsable de la situación hallada al inicio de la gestión. El diagnóstico del ayuntamiento y las denuncias presentadas buscan precisar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales; sin embargo, los procesos y las investigaciones correspondientes siguen su curso y serán determinantes para deslindar responsabilidades.
Lo que piden habitantes y qué busca el municipio
Habitantes demandan acciones inmediatas para restablecer servicios básicos —principalmente el suministro eléctrico— y obras de reparación vial que faciliten la movilidad y la actividad económica. Por su parte, el gobierno municipal ha declarado que trabaja en la contención del gasto, en priorizar pagos esenciales y en gestionar recursos para atender los estragos heredados, aunque reconoce que la solución será gradual y exigirá coordinación con instancias estatales y federales.
En el corto plazo, la prioridades del ayuntamiento incluyen regularizar el servicio de energía donde sea posible, tramitar los pagos pendientes por laudos con la asesoría legal correspondiente y presentar las denuncias necesarias para que las autoridades competentes investiguen el presunto desfalco. Para la población, la expectativa es recuperar la tranquilidad nocturna y condiciones mínimas para la actividad productiva y comercial.
La crisis en Jalpa de Méndez ilustra cómo el manejo de las finanzas públicas y la prestación de servicios básicos inciden directamente en la calidad de vida de comunidades rurales y periurbanas del sureste del país. La resolución de este caso marcará no sólo la estabilidad municipal, sino también la capacidad de recuperación económica y social de sus 64 localidades.
