San Cristóbal de las Casas, Chis. — El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acusó a la administración municipal de San Cristóbal de las Casas, encabezada por la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, de impedir el derecho de audiencia a personas en situación de trabajo informal y alta marginación, lo que habría derivado en la imposición de medidas que legitiman situaciones de injusticia contra comerciantes indígenas.
Denuncia y personas afectadas
En un comunicado, el Frayba señaló que la Dirección de Servicios Públicos Municipales habría empleado un uso selectivo del espacio público en las zonas peatonales y plazuelas del centro histórico. El organismo documentó que las medidas han repercutido de forma particular en Rogelio López Entzin, Ángela Entzin Gómez y Rosa López Entzin, integrantes del pueblo maya tsotsil, quienes migraron a esta ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida y optaron por la venta de elotes como medio de sustento.
El Frayba añadió que las familias afectadas cuentan con constancias de haber hecho contribuciones anuales a la tesorería municipal relacionadas con su actividad comercial. También recordó que en tiempos recientes pertenecieron a la organización de comerciantes Sociedad Cooperativa de los Altos de Chiapas (Socotcach), misma que dejó de existir por el fallecimiento de su representante; a partir de entonces, explicó el organismo, Rogelio y su familia han tenido que gestionar por sí mismos su actividad y su permanencia en los espacios asignados.
Negación del derecho de audiencia y retiradas
El comunicado del Frayba apunta que solicitar una audiencia y defender el derecho a vender en la vía pública ha resultado sumamente desgastante con la actual administración municipal y con el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Adolfo Sánchez Mendoza. Según el organismo, la insistencia de las personas afectadas tuvo como consecuencia que fueran retiradas en dos ocasiones: el 12 de febrero de 2026 y el 13 de agosto de 2026.
“El uso selectivo del espacio urbano en las zonas peatonales y plazuelas del centro histórico refleja divisiones de clase y formas de discriminación estructural”, señaló el Frayba.
Exigencias del organismo de derechos humanos
El Frayba exigió que la autoridad municipal valore integralmente las condiciones de las personas en situación de trabajo informal y adopte medidas de protección que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos, para que, en su opinión, pueda concretarse el discurso de un “gobierno humanista” que la administración enarbola.
- Documentos y constancias: el Frayba sostiene que las familias afectadas poseen comprobantes de pago a la tesorería municipal.
- Organización previa: los afectados eran parte de la cooperativa Socotcach, que ya no existe tras la muerte de su representante.
- Acciones municipales: se registraron al menos dos retiradas de comerciantes en 2026, según el Frayba.
Contexto y repercusiones locales
San Cristóbal de las Casas es una ciudad con presencia significativa de pueblos originarios y una economía local donde el comercio informal, especialmente en el centro histórico, constituye una fuente de ingreso para muchas familias que migran desde municipios de la región de Los Altos. Las decisiones sobre el uso del espacio público y el control urbano impactan no sólo la dinámica turística, sino la supervivencia económica y social de hogares en situación de marginación.
| Hecho | Datos citados por Frayba |
|---|---|
| Personas afectadas | Rogelio López Entzin; Ángela Entzin Gómez; Rosa López Entzin |
| Autoridades señaladas | Fabiola Ricci Diestel; Gustavo Adolfo Sánchez Mendoza |
| Fechas de retiradas | 12 de febrero de 2026; 13 de agosto de 2026 |
| Organización previa | Sociedad Cooperativa de los Altos de Chiapas (Socotcach) |
Hasta el cierre de esta edición, la administración municipal de San Cristóbal de las Casas no había emitido una respuesta pública al comunicado del Frayba recogido por este medio. El caso plantea preguntas sobre los mecanismos de diálogo entre autoridades y vendedores informales, la existencia de procedimientos para otorgar audiencia, y las medidas municipales para atender la pobreza y la informalidad sin criminalizar prácticas de subsistencia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, presidido por el obispo emérito Raúl Vera López, ha solicitado que las autoridades implementen medidas concretas de protección y reparación, así como procedimientos que permitan garantizar el derecho al trabajo y a la no discriminación de las personas en condición de vulnerabilidad en el espacio urbano de la ciudad.
Esta denuncia se suma a otros reclamos locales sobre el manejo del espacio público en el centro histórico y podría abrir procesos de seguimiento por parte de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en San Cristóbal de las Casas.
