Audiencia y cargos
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel 'N', por su presunta participación en el delito de desaparición de personas y por la probabilidad de que un servidor público ocultó pruebas relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La audiencia, celebrada en el juzgado federal del Reclusorio del Altiplano situado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, duró cerca de 14 horas, según el avance presentado por el ministerio público federal.
La hipótesis de la Fiscalía
De acuerdo con la FGR, existen testimonios que indican que la noche del 29 de septiembre de 2014 se recibió información sobre el posible paradero de los estudiantes desaparecidos. Entre las declaraciones recabadas figuran las de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, visitadora general de ese mismo organismo.
Según la narrativa del ministerio público, las cámaras del palacio de justicia de Iguala habrían registrado un autobús con estudiantes que fueron subidos a otra unidad custodiada por hombres armados, presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Esa grabación —dice la Fiscalía— fue descargada en un disco y reportada inicialmente a la presidenta del Poder Judicial guerrerense.
Posteriormente, el expediente ministerial indica que la grabación fue tomada por la visitadora general y entregada personalmente al exgobernador, quien, según la Fiscalía, ordenó su destrucción junto con otras evidencias que podrían vincular la desaparición de los estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Defensa y pruebas
La defensa del exmandatario presentó un bloque de prueba con la intención de desvirtuar la teoría del caso del ministerio público. En total, los abogados aportaron 31 datos de prueba distintos.
Entre ellos aparecen seis declaraciones de personas que sostienen que Ángel 'N' no se encontraba en Guerrero la noche del 29 de septiembre de 2014. Esas testimoniales, según la defensa, señalan que el exgobernador asistió a una reunión en Polanco, Ciudad de México, con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que, de acreditarse, constituiría una coartada para la fecha en cuestión.
Implicaciones procesales
La vinculación a proceso implica que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso continúe su trámite penal; no equivale a una sentencia. La acusación central de la FGR se enfoca en la posible manipulación y destrucción de evidencia que, en su hipótesis, habría dificultado la investigación sobre la desaparición de los normalistas.
Contexto y antecedentes
Los hechos que se investigan remontan a los sucesos ocurridos en septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en los municipios de Iguala y Cocula. El caso ha sido objeto de múltiples investigaciones, revisiones judiciales y demandas por parte de familias y organismos de derechos humanos tanto en México como en el extranjero.
Resumen cronológico
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 26–27 de septiembre de 2014 | Desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. |
| 29 de septiembre de 2014 | Presunta recepción de grabaciones en el palacio de justicia de Iguala. |
| Agosto de 2026 | Vinculación a proceso del exgobernador Ángel 'N' por presunta destrucción de evidencia. |
Qué sigue
- El proceso seguirá su curso en la vía penal federal, con la posibilidad de ampliaciones probatorias y audiencias subsecuentes.
- La defensa podrá presentar nuevas pruebas o solicitar medidas que busquen revocar la vinculación.
- Las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos estarán atentas al desarrollo y a cualquier diligencia que aporte acceso a la verdad y justicia.
La vinculación de un exgobernador en un caso tan sensible representará, en los próximos pasos procesales, una prueba de la capacidad del sistema de justicia para investigar responsabilidades en niveles de alto mando. En Guerrero, el caso mantiene vigencia pública y política por su impacto en la memoria y las demandas de los familiares de las víctimas.
