Agentes en activo y líderes del transporte público rompieron el silencio para denunciar la existencia de una red de corrupción entre mandos policiales y autoridades, a la que atribuyen la falta de respuesta ante hechos violentos que culminaron con el asesinato de una niña de 10 años en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.
Denuncias y señalamientos
La denuncia, difundida por medios locales, sostiene que la agresión contra la menor fue una represalia porque los operadores del transporte público se negaron a continuar pagando el llamado "derecho de piso". Antes del homicidio, explican, los delincuentes habían incendiado otra unidad y las autoridades no habrían intervenido para proteger a la población.
Los señalamientos apuntan hacia servidores públicos identificados por vecinos y transportistas como responsables de permitir —o al menos ignorar— la escalada de violencia en la zona. Entre los nombres que aparecen en la denuncia figuran:
- Delfino Mora Ortega, referido como coordinador de la zona;
- Eduardo González González, señalado como subdirector;
- Óscar Flores Márquez, identificado como comandante;
- Daniel Mendieta Torres, señalado como encargado de agrupamiento.
La acusación también incluye prácticas de saqueo de recursos públicos, entre ellas el robo de gasolina destinada a patrullas que, según la versión de los denunciantes, deberían haber garantizado la vigilancia de las calles afectadas.
Contexto y consecuencias
Los hechos descritos ocurren en el oriente del Estado de México, una zona que, de acuerdo con la denuncia, ha visto una escalada alarmante de violencia. Los denunciantes aseguran que las alertas locales fueron ignoradas por altos mandos, lo que dejó a las familias a merced de los grupos criminales y derivó en la pérdida de la vida de la menor.
Ante acusaciones de este tipo, las consecuencias son múltiples: además del dolor y el reclamo social por el homicidio, se generan incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública. Para la comunidad del transporte implica un clima de miedo y la posible interrupción del servicio por amenazas o represalias; para las familias, la sensación de abandono y el temor a nuevas agresiones.
“La denuncia señala que este asesinato pudo evitarse, ya que los delincuentes previamente habían quemado otra unidad de transporte sin que las autoridades respondieran.”
Datos señalados por los denunciantes
| Hecho | Descripción |
|---|---|
| Víctima | Niña de 10 años, asesinada en Los Reyes La Paz |
| Hecho previo | Quema de una unidad de transporte sin respuesta de autoridades |
| Acusaciones | Complicidad y saqueo de recursos públicos, incluyendo robo de gasolina a patrullas |
| Funcionarios señalados | Delfino Mora Ortega; Eduardo González González; Óscar Flores Márquez; Daniel Mendieta Torres |
Hasta el cierre de esta nota no se ha registrado la emisión de una postura oficial por parte de las autoridades señaladas ni de las instancias estatales competentes en materia de seguridad sobre las acusaciones públicas difundidas por agentes y transportistas.
En casos de denuncias que involucran a servidores públicos, la investigación formal y la verificación de pruebas corresponden a las instancias judiciales y a las contralorías internas. La ausencia de una respuesta pronta alimenta la percepción de impunidad y agrava la fractura entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad.
Esta redacción solicitará a las autoridades municipales y estatales copia de las carpetas de investigación relacionadas con estos hechos y dará seguimiento a cualquier pronunciamiento oficial o acción administrativa que se derive de las denuncias presentadas.
