La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) anunció que se concretaron los primeros 14 acuerdos reparatorios entre personas afectadas por la explosión ocurrida en la colonia Las Granjas y la empresa gasera Tomza Gas Titanium S.A. Los procesos se realizaron a través del Centro de Justicia Alternativa (CJA) y de la Unidad de Atención Temprana (UAT), informó la institución.
“La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) concretó hoy los primeros 14 acuerdos reparatorios entre personas afectadas por la explosión en la colonia Las Granjas y la empresa gasera Tomza Gas Titanium S.A.”
Qué dijo la Fiscalía y qué buscan los acuerdos
El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, indicó que instruyó acelerar los procesos para concretar acuerdos reparatorios, con respeto a los derechos de las víctimas y amparo institucional. La FGE explicó además que mantiene el seguimiento de las investigaciones ministeriales para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades que legalmente correspondan, con el objetivo de garantizar justicia a las personas afectadas.
Estado de las denuncias e intervenciones periciales
En su informe la Fiscalía precisó que hasta el momento se han realizado 209 intervenciones periciales en distintas materias y que existen 66 denuncias relacionadas con el hecho. La distribución de las denuncias, según la propia institución, es la siguiente:
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Denuncias totales | 66 |
| Por daños | 41 |
| Por lesiones | 18 |
| Por lesiones y daños | 6 |
| Por homicidio culposo | 1 |
Víctimas y situación médica
La Fiscalía reportó que 16 personas resultaron lesionadas con motivo de la explosión; de ellas, 11 ya recibieron alta médica y actualmente cuatro permanecen hospitalizadas. De acuerdo con el informe, una persona falleció a consecuencia del siniestro. Respecto a los hospitalizados, la FGE precisó que uno se encuentra en la Ciudad de México, otro en Texas (Estados Unidos) y dos en Cuernavaca.
Reacciones de las víctimas y versiones encontradas
Pese a los acuerdos anunciados por la Fiscalía, persisten reclamos de víctimas y familiares sobre la atención y la reparación integral del daño. El asesor jurídico particular de la familia Herrera, Eduardo Núñez Morales, denunció públicamente la ausencia de respuesta de la empresa Tomza Gas para cubrir gastos médicos mediante la póliza de seguro del vehículo presuntamente involucrado en la fuga de gas, lo que, dijo, ha complicado la recuperación de algunos lesionados.
- La FGE asegura haber avanzado con 14 acuerdos reparatorios y mantiene la investigación ministerial.
- Familiares reclaman que la empresa gasera no ha cubierto gastos médicos y que hay omisiones en la reparación del daño.
- Persisten hospitalizaciones, incluidas dos personas en centros de salud de Cuernavaca.
El contraste entre el avance oficial en materia de acuerdos y la insatisfacción de algunas víctimas plantea desafíos prácticos y jurídicos. En lo operativo, los acuerdos reparatorios —mecanismos alternativos para reparar el daño— deben conciliarlos con medidas que aseguren la atención médica, el resarcimiento económico y la plena reparación moral de las víctimas. En lo penal, la existencia de una denuncia por homicidio culposo y múltiples averiguaciones impone a la Fiscalía la obligación de sustentar las responsabilidades con peritajes que puedan resistir la vía judicial.
Consecuencias locales
Para Cuernavaca, el episodio subraya la necesidad de revisar protocolos de seguridad en el manejo y transporte de gas, así como los mecanismos de atención inmediata a la población afectada tras incidentes de alto impacto. Además, las familias afectadas demandan transparencia y celeridad en los procedimientos que determinen responsabilidad y reparación, mientras las autoridades estatales deben equilibrar la vía conciliatoria con el rigor de la investigación ministerial.
La Fiscalía anunció la continuidad de las indagatorias y el seguimiento a los acuerdos reparatorios; sin embargo, voceros de víctimas y asesorías legales han dejado clara su exigencia para que la empresa implicada cumpla con la asistencia prometida y que las medidas adoptadas no queden en acuerdos parciales sin efectos concretos para quienes resultaron afectados.
