El Congreso del estado consolidó este jueves la conformación del órgano directivo del Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) y promovió reformas a la Ley Municipal orientadas a garantizar el respeto a los derechos humanos y una operación más cercana de los ayuntamientos con la ciudadanía.
Designaciones y objetivo institucional
Bajo un esquema que las autoridades calificaron como transparente, la mesa directiva tomó protesta a dos nuevas integrantes del Consejo Directivo del INMUNAY. El diputado Salvador Castañeda Rangel, en su calidad de presidente de la mesa, formalizó la toma de protesta de Vivian de los Ángeles Ávila Fregoso y Zoraida Arabella Bañuelos Álvarez, quienes desempeñarán el cargo por un periodo de tres años.
La integración del consejo pretende inyectar experiencia técnica para la planificación y supervisión de estrategias dirigidas a reducir las brechas de género en la entidad. Las nuevas consejeras tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento de metas institucionales orientadas a garantizar una vida libre de violencia y a ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y humano para las mujeres nayaritas.
Reformas a la Ley Municipal
En paralelo, la asamblea aprobó modificaciones a la Ley Municipal con el objetivo de establecer parámetros obligatorios para la actuación de los gobiernos locales. Según el documento legislativo, dichas reformas buscan que las reglas internas de los ayuntamientos prioricen la igualdad sustantiva y abran canales de participación ciudadana directa.
Los cambios se plantean como mecanismos para que la administración pública municipal opere con una visión más humana y cercana a los habitantes, así como para impulsar la transparencia en la gestión y la atención a grupos vulnerables.
Funciones y responsabilidades previstas
De acuerdo con lo expuesto en el pleno, las consejeras del INMUNAY deberán enfocar sus esfuerzos en la supervisión de programas y políticas públicas que incluyan, entre otros puntos:
- Monitoreo de programas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
- Promoción de oportunidades de desarrollo profesional y capacitación.
- Vinculación con autoridades municipales para la implementación de políticas con perspectiva de género.
- Impulso a mecanismos de transparencia y proximidad social.
Las reformas a la Ley Municipal, por su parte, obligan a que los reglamentos internos consideren la igualdad como principio rector y faciliten la participación de la población en la toma de decisiones públicas.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Consejeras designadas | Vivian de los Ángeles Ávila Fregoso y Zoraida Arabella Bañuelos Álvarez |
| Duración del encargo | 3 años |
| Autoridad que tomó protesta | Dip. Salvador Castañeda Rangel (presidente de la mesa directiva) |
| Ámbito de la reforma | Ley Municipal (parámetros para igualdad y participación) |
Vínculo con comunidades indígenas
Durante la sesión, representantes populares pusieron atención en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios como un factor de identidad social y enfatizaron la necesidad de reconocer formalmente la labor de las mujeres indígenas. La legisladora María Belén Muñoz Barajas convocó a las líderes indígenas para que participen en la entrega de un galardón estatal que reconozca sus aportes a la defensa de tradiciones y al bienestar comunitario.
El llamado sugiere una intención de incorporar la perspectiva intercultural en las políticas de género, aunque los detalles operativos de la convocatoria y los criterios de selección no fueron precisados en el pleno.
Perspectiva y próximos pasos
Los legisladores defendieron la necesidad de que las instituciones operen bajo principios de transparencia y proximidad social. En los próximos meses corresponderá al INMUNAY y a los ayuntamientos instrumentar las normas y programas aprobados, así como rendir cuentas sobre los avances en la reducción de brechas de género y la protección de los derechos humanos en el ámbito municipal.
La intervención de las nuevas consejeras será clave para la supervisión de metas, pero el impacto real dependerrá de la coordinación entre el Instituto, los municipios y la sociedad civil para convertir el marco normativo en acciones concretas que beneficien a los sectores más vulnerables.
