El Congreso de Hidalgo presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca endurecer los requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular en la entidad, incorporando como impedimento la postulación de personas condenadas por delitos dolosos que impliquen pena privativa de la libertad y por hechos de corrupción que ameriten inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Propuesta y trámite legislativo
El documento fue enviado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y discusión. De acuerdo con el propio texto, el planteamiento modifica el artículo 24 de la Constitución Política del estado de Hidalgo; no obstante, el Ejecutivo legislativo estatal advirtió que, por los plazos que exige el trámite para que las modificaciones sean aplicables en un proceso electoral, la reforma no alcanzaría a entrar en vigor antes del proceso 2026-2027.
La iniciativa se presentó a poco más de tres meses del inicio formal del proceso electoral local para renovar 84 ayuntamientos y 30 diputaciones locales, por lo que, aunque la reforma pretende elevar estándares de integridad para aspirantes, su implementación práctica dependerá del calendario normativo y de la celeridad con que la Comisión correspondiente someta el proyecto al pleno.
Qué cambiaría en el texto constitucional
Actualmente el artículo 24 dispone una serie de impedimentos que el Instituto Estatal Electoral debe verificar para la postulación de candidaturas. El texto vigente, citado en la iniciativa, establece:
“No podrán ser postuladas a cargos de elección popular las personas que estén cumpliendo sentencia ejecutoriada por algún delito contra el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o violencia política contra las mujeres en razón de género; así como quienes sean deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien tramiten el descuento correspondiente. El Instituto Estatal Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición”,
La propuesta amplía esos supuestos e incorpora expresamente las sentencias ejecutoriadas por delitos dolosos y las incompatibilidades por hechos de corrupción que conlleven inhabilitación para ocupar cargos. Es decir, busca que no puedan ser postuladas personas con condenas firmes por determinados delitos que afecten la confianza pública o que impliquen sanciones administrativas de inhabilitación.
Implicaciones para el proceso electoral y debates posibles
Desde el punto de vista jurídico, una reforma constitucional de este tipo pretende elevar la barrera de entrada a cargos públicos con el argumento de proteger el interés público y la integridad de las instituciones. Sin embargo, existen elementos prácticos y políticos que deberán considerarse en el análisis de la Comisión:
- Calendario electoral: los plazos para que una reforma rija en un proceso electoral suelen ser estrictos, lo que, según el propio Congreso, impediría su aplicación en la renovación de 2026-2027.
- Determinación de delitos: será necesario definir con precisión qué delitos dolosos quedarían comprendidos y cómo se acreditaría la condición de sentencia ejecutoriada o la inhabilitación por corrupción.
- Mecanismos de verificación: el Instituto Estatal Electoral tendría la responsabilidad adicional de comprobar antecedentes judiciales y administrativos, lo que implicaría coordinación con autoridades judiciales y administrativas.
En términos políticos, la iniciativa podría generar debates sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de participación política, así como sobre la posibilidad de que disposiciones de este tipo sean utilizadas con fines partidistas si no se establecen mecanismos claros y garantías procesales.
Contexto y próxima etapa
La iniciativa fue turnada formalmente a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, instancia que deberá desahogar el estudio jurídico y político del proyecto. El avance de la reforma dependerá de los tiempos internos de la Comisión, la discusión en el pleno y, en su caso, de las mayorías requeridas para modificar la Constitución estatal.
Mientras tanto, la advertencia sobre la inviabilidad de su aplicación en el proceso 2026-2027 implica que, aun en caso de que prospere, sus efectos prácticos podrían concretarse en procesos electorales posteriores. Los actores políticos locales y las autoridades electorales tendrán, en lo inmediato, la tarea de valorar las modificaciones propuestas y su impacto sobre las reglas de competencia en próximos comicios.
El tema plantea un cruce entre exigencias de integridad pública y garantías de participación política que el Legislativo tendrá que resolver en las siguientes semanas.
