Un jurado federal en el sur de Florida halló culpables a Kevin Albornos Martínez, de 29 años, y a Johan Landazury Albornos, de 24, por su participación en un plan atribuido al Cártel de Sinaloa que involucró a la organización transnacional conocida como Tren de Aragua, con el objetivo de robar un cargamento de drogas y las ganancias de la venta ilícita, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Hechos que llevaron al veredicto
Según los documentos judiciales citados por el DOJ, los acusados integraron un grupo que pretendía apropiarse por la fuerza de un cargamento que incluía 45 kilogramos de metanfetamina y 30 kilogramos de fentanilo, así como las ganancias de la operación criminal. El robo se planeó contra lo que los acusados creían que era otro narcotraficante; en realidad se trataba de un agente encubierto.
La investigación apunta a que la orden para conformar el grupo vino de Santiago Carillo Piz, señalado como presunto miembro del Cártel de Sinaloa y que, según el expediente, se encuentra prófugo en México. Las autoridades estadounidenses señalan además el reclutamiento de personas con antecedentes de la red Tren de Aragua, organización con base en Venezuela que ha extendido su actividad en la región.
Detención al momento de ejecutar el plan
El arresto de los imputados ocurrió mientras realizaban pruebas con las armas de fuego y ultimaban los preparativos para consumar el asalto, añade el comunicado del DOJ. Con las condenas de Albornos Martínez y Landazury Albornos ya suman nueve personas implicadas que han sido procesadas en el marco de esta investigación federal.
“Podrían afrontar hasta 40 años en prisión.”
Ese es el escenario penal que enfrentan los dos sentenciados, conforme a los cargos de conspiración para poseer fentanilo y metanfetamina con la intención de distribuir, y conspiración para cometer un robo, según los documentos del caso.
Contexto regional y reacciones
La operación judicial estadounidense se enmarca en un periodo de presión creciente por parte de la administración de Donald Trump contra organizaciones delictivas de Latinoamérica; entre las medidas más polémicas está la designación del Cártel de Sinaloa y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas. El Gobierno de México ha rechazado esas clasificaciones, y desde Venezuela funcionarios como Diosdado Cabello han defendido la posición de su país respecto a la agrupación Tren de Aragua.
Para Sinaloa, donde la actividad de los cárteles y el tráfico de precursores y sustancias sigue siendo un tema de seguridad pública y de impacto socioeconómico, estos procesos en el extranjero subrayan la naturaleza transnacional de las redes y la interconexión entre grupos criminales de distintas nacionalidades.
Datos clave del caso
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Acusados | Kevin Albornos Martínez (29), Johan Landazury Albornos (24) |
| Sustancias involucradas | 45 kg metanfetamina; 30 kg fentanilo |
| Cargos | Conspiración para poseer y distribuir; conspiración para cometer robo |
| Posible pena | Hasta 40 años de prisión |
| Figuras señaladas | Santiago Carillo Piz (presunto instruyó desde México) |
Entre las autoridades que llevaron el caso figura la Fiscalía del Distrito Sur de Florida; el fiscal Jason A. Reding Quiñones fue citado en el reporte oficial del DOJ en relación con la imputación y las evidencias presentadas ante el jurado.
Implicaciones prácticas y seguimientos
El fallo refuerza la estrategia de persecución penal a redes trasnacionales que coordinan actividades ilícitas entre países. Para las autoridades mexicanas y locales, situaciones como ésta requieren coordinación judicial y policial internacional, intercambio de información y, en lo local, medidas para reducir la vulnerabilidad de zonas y rutas utilizadas por grupos criminales.
- El proceso continuará con la fijación de la sentencia por un juez federal.
- Al menos nueve personas han sido procesadas en la investigación vinculada a este plan.
- La investigación del DOJ documenta el uso de agentes encubiertos para frustrar el robo planeado.
El caso seguirá su cauce en tribunales federales de Estados Unidos; mientras tanto, la región de Sinaloa mantiene la atención en la dinámica de las organizaciones criminales que continúan operando con redes internacionales, y en las respuestas de los gobiernos para afrontar tanto el tráfico de drogas como la violencia asociada a estos grupos.
