El hallazgo de restos de víctimas y la imposibilidad de entregarlos a sus familias volvió a poner sobre la mesa una queja recurrente en Guerrero: la identificación forense oficial funciona como una simulación, acusan colectivos de familiares de personas desaparecidas. Relatos de madres y padres que han reconocido cráneos o esperan cuerpos sin poder recibirlos evidencian fallas técnicas, de personal y de presupuesto en el Servicio Médico Forense (Semefo) y en los panteones ministeriales del estado.
Historias que ilustran una problemática estructural
El caso de un joven cuyo cadáver apareció en dos partes en Chilpancingo —una pieza en 2022 y otra en 2023— subraya las contradicciones del proceso oficial: a pesar de que la familia sabía de la identificación, las autoridades sostienen que "no hay pruebas genéticas" para entregar el cuerpo, según relató Gema Antúnez Flores, representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera. El joven buscado por la familia es Juan Sebastián García Antúnez, desaparecido desde 2011.
"...no hay pruebas genéticas",
Otro caso emblemático ocurrió en el Semefó de Acapulco, donde Socorro Gil, del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, reconoció el cráneo de su hijo, Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido desde 2018, durante una revisión en abril pasado. Estas situaciones, dicen los colectivos, son la punta del iceberg: miles de restos permanecen sin peritajes genéticos adecuados o sin que se apliquen protocolos modernos de identificación.
Demandas y propuestas de los colectivos
Ante la gravedad de la situación, los familiares organizados proponen la creación de un centro de identificación con especialistas en antropología forense, odontología forense, genética, medicina forense, criminología y peritaje, además del equipamiento necesario para operar. Argumentan que sin personal capacitado y sin equipo no es posible realizar exámenes que permitan identificar restos óseos, sobre todo cuando se trata de piezas antiguas o fragmentadas.
- Exigir peritajes genéticos y la actualización de fichas de identificación.
- Contar con brigadas y protocolos para tratamiento de restos óseos antiguos.
- Crear un centro forense multidisciplinario en Guerrero con presupuesto asignado.
Dimensión nacional y respaldo internacional
Los colectivos suman sus denuncias a cifras que muestran una crisis mayor a nivel nacional. Según organizaciones de familiares, en el país hay un número considerable de personas desaparecidas, fosas clandestinas y restos sin identificar. Además, en abril el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó la intervención de la Asamblea General de la ONU, lo que añade presión internacional sobre las autoridades mexicanas para que mejoren los procesos de búsqueda e identificación.
| Concepto | Cifra (denuncia de colectivos) |
|---|---|
| Personas desaparecidas | 132,400 |
| Fosas clandestinas | 4,500 |
| Restos óseos sin identificar | ≈72,000 |
Problemas concretos en el proceso forense
Los colectivos describen varias prácticas que, a su juicio, impiden una identificación eficaz: publicación de fichas desactualizadas que coinciden con personas vivas, métodos obsoletos que no consideran restos óseos antiguos, falta de peritajes genéticos sistemáticos y abandono de cadáveres en panteones ministeriales. Estas deficiencias no solo prolongan el sufrimiento de las familias, sino que dificultan la administración de justicia cuando hay sentencias o procesos judiciales relacionados con los hallazgos.
El reclamo apunta también a la insuficiente inversión en infraestructura forense y a la falta de personal especializado. Los colectivos insisten en que la respuesta no puede limitarse a medidas reactivas: demandan un enfoque integral que incluya registro adecuado, cadena de custodia, análisis multidisciplinario y entrega digna de restos identificados.
Impacto local y necesidad de respuestas
En Guerrero, donde la violencia y las desapariciones han dejado una estela de familias en búsqueda, la carencia de mecanismos eficaces de identificación agrava la incertidumbre y el duelo. Los testimonios citados muestran que, aun cuando hay procesos judiciales y sentencias en algunos casos, las familias enfrentan obstáculos técnicos y administrativos para recuperar los restos o obtener certificaciones genéticas que acrediten identidad.
Los colectivos llaman a autoridades locales y federales a atender las demandas: dotar de presupuesto, contratar personal calificado, actualizar métodos forenses y establecer un centro estatal de identificación que permita devolver a las familias la verdad biológica y al mismo tiempo fortalecer la investigación criminal.
