El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de inhabilitación impuestas por la Audiencia Nacional a Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León, y a otras tres personas en la rama del llamado «caso Púnica» que se refiere a contratos de reputación online contratados por la institución provincial. La Sala de lo Penal desestimó hoy los recursos presentados por los condenados, por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
Ratificación de penas y personas afectadas
En la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 2023, Martínez Barazón fue condenado a una pena de ocho años y medio de inhabilitación especial, con la atenuante simple por dilaciones indebidas. También fueron declarados responsables, con penas de inhabilitación, quien desempeñó los cargos de coordinador general e interventor de la Diputación, identificados como Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente. Asimismo, la Sala confirmó la inhabilitación impuesta al consultor informático conocido como 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro.
| Persona | Situación |
|---|---|
| Marcos Martínez Barazón | Inhabilitado 8 años y medio (confirmado) |
| Alejandro de Pedro | Inhabilitado 4 años y 3 meses (confirmado) |
| Pedro Vicente Sánchez | Inhabilitación (confirmada) |
| Manuel Jesús López Sánchez | Inhabilitación (confirmada) |
Hechos probados y absoluciones parciales
La Audiencia Nacional reprochó un procedimiento administrativo irregular desarrollado durante los meses de junio a septiembre de 2014 en la Diputación de León para la adjudicación de publicidad institucional, en el que, según el tribunal, existió connivencia entre De Pedro y Martínez Barazón. No obstante, la AN absolvió a varias personas de delitos más graves que figuraban en la acusación fiscal, como los continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho.
«procedimiento administrativo irregular»
Entre los absolvidos se encuentran, según la resolución de la Audiencia Nacional, José Antonio Alonso Conesa —socio de De Pedro en las empresas Madiva y Eico— y la trabajadora de estas compañías, Guadalupe Caballero. La Sala de lo Penal del Supremo, al desestimar los recursos, ha ratificado tanto las condenas como las absoluciones en los términos en que fueron fijadas por la AN.
Repercusiones en la provincia de León
La confirmación de estas penas por parte del Tribunal Supremo mantiene una sentencia que marca la responsabilidad penal de cargos y colaboradores vinculados a la gestión de la publicidad institucional en la Diputación en el periodo señalado. Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional ya recogía atenuantes y absoluciones parciales, la ratificación por el Supremo cierra la vía ordinaria de impugnación penal y consolida las consecuencias sancionadoras en materia de incompatibilidades y ejercicio de cargos públicos.
- Se confirma la inhabilitación de figuras clave en la Diputación de León, incluida la del expresidente.
- La Sala desestima recursos del fiscal y de la acusación popular, por lo que la resolución de la AN queda firme en lo principal.
- Existen absoluciones por delitos económicos y de cohecho, tal y como ya estableció la AN.
La sentencia del Tribunal Supremo supone, en la práctica, la consolidación de una sanción que tendrá efectos sobre la capacidad de los condenados para ejercer funciones públicas en el futuro en la provincia de León. La decisión también sirve para cerrar, en el ámbito penal, una de las ramas del extenso «caso Púnica» que afectó a contrataciones y asesorías externas en distintas administraciones.
La confirmación judicial llega más de una década después de los hechos investigados, que tuvieron lugar en 2014 en el momento en el que Martínez Barazón accedió a la presidencia de la Diputación tras la muerte de la anterior titular. Con la resolución firme del Supremo, la jurisprudencia sobre este expediente queda establecida y sin opciones inmediatas de apelación ordinaria.
Esta pieza del proceso se suma al conjunto de investigaciones y causas derivadas de la trama por la contratación pública y el uso de consultoras de reputación, cuya repercusión mediática y política ha sido destacada en la provincia.
