El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) difundió un manifiesto institucional, fechado el 1 de septiembre de 2026, en el que reafirma de forma explícita que Ceuta y Melilla «forman parte plena e indiscutible de España» y exige que las políticas públicas atiendan a esa realidad con la misma protección jurídica y derechos que en el resto del territorio nacional.
Posición institucional y fundamento jurídico
La Junta de Gobierno del ICAM sostiene que la vinculación de ambas ciudades con España está recogida en la normativa constitucional y en la legislación comunitaria. El documento cita, entre otros soportes legales, la disposición transitoria quinta de la Constitución de 1978 y las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995 que configuraron el régimen de ciudades autónomas. Además, incorpora la referencia al artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que extiende la aplicación de los Tratados europeos a Ceuta y Melilla.
| Referencia legal | Contenido |
|---|---|
| Constitución Española (disposición transitoria quinta) | Reconocimiento de las singularidades de las ciudades autónomas en el marco constitucional. |
| Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995 | Establecen el régimen jurídico y la organización de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. |
| Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas (art. 25) | Extiende la aplicación de los Tratados y actos de instituciones europeas a Ceuta y Melilla. |
Fronteras: eficacia compatible con garantías
El manifiesto dedica un apartado específico a la realidad fronteriza que afrontan ambas ciudades y subraya que España tiene derecho y deber de proteger y controlar eficazmente sus fronteras, siempre dentro del marco jurídico y con respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, el texto rechaza la supuesta disyuntiva entre eficacia y garantías: «No hay contradicción entre eficacia y legalidad», recoge el documento.
«Defenderlas significa proteger a sus ciudadanos, respaldar a quienes sirven en ellas y garantizar que la ley pueda aplicarse con eficacia y con todas las garantías»
El manifiesto, firmado por la Junta de Gobierno del ICAM y avalado por su decano, Eugenio Ribón, subraya que la fortaleza institucional se demuestra precisamente en la capacidad de conjugar ambas exigencias: hacer cumplir las normas sin prescindir de las garantías procesales y constitucionales.
Garantías procesales y protección de colectivos vulnerables
Entre las reclamaciones que incluye el manifiesto figuran de manera explícita la exigencia del respeto al derecho de defensa y la asistencia letrada, así como la protección de menores, personas especialmente vulnerables y de quienes puedan solicitar protección internacional. El ICAM advierte de que la singularidad fronteriza no puede ser excusa para reducir las salvaguardias jurídicas.
- Garantía del derecho de defensa y asistencia letrada.
- Protección especial para menores y personas vulnerables.
- Respeto a los procedimientos de solicitud de protección internacional.
Reconocimiento a profesionales y fuerzas de seguridad
El manifiesto incorpora asimismo un reconocimiento explícito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al personal que presta servicio en Ceuta y Melilla, reclamando respaldo institucional y protección para quienes actúan en esas plazas. El ICAM subraya la necesidad de dotar a los profesionales de los medios legales y materiales que les permitan desempeñar sus funciones respetando la legalidad y los derechos de las personas.
La declaración pretende marcar la postura del Colegio madrileño en el arranque del curso judicial y en vísperas del Día Oficial de Ceuta, situando a ambas ciudades como una cuestión de Estado y no como un fenómeno periférico. El ICAM reclama que las políticas públicas, en materia de seguridad y migración, garanticen la igualdad de protección jurídica y derechos que corresponde al conjunto del territorio español.
El manifiesto, difundido públicamente por el ICAM, aporta al debate sobre las fronteras y los derechos en Ceuta y Melilla un enfoque jurídico que busca conciliar control y garantías, y que sitúa la defensa de las ciudades autónomas dentro del marco del Estado de Derecho.
