Hechos y primera denuncia
La abogada Sandra Mónica Herrera, quien ejerce como defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denunció a través de un video que fue víctima de un secuestro en la zona rural del municipio de La Plata (Huila). Según la versión que ella misma entregó, el incidente ocurrió mientras se desplazaba junto con sus dos escoltas en una camioneta blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Cómo ocurrió el retén
De acuerdo con lo relatado por la abogada, hombres armados, descritos como portando fusiles y pistolas, interceptaron el vehículo, encañonaron a los ocupantes y los obligaron a permanecer retenidos por aproximadamente 40 minutos. Durante ese tiempo, los agresores les retiraron las armas de dotación, los proveedores y los chalecos balísticos. Posteriormente se llevaron la camioneta blindada.
- Víctimas: Sandra Mónica Herrera y dos escoltas.
- Duración aproximada de la retención: 40 minutos.
- Objetos robados: camioneta blindada, armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos.
Liberación y la posición de la JEP
Tras la retención, los tres ocupantes fueron liberados y, según la abogada, se encontraban en buen estado de salud. No obstante, la JEP consideró que los hechos no se limitan a un hurto o intimidación: al haber sido sometidos mediante coacción y privados temporalmente de su libertad, la Jurisdicción calificó el episodio como un secuestro.
“Quiero denunciar un hecho muy complicado que puso en riesgo mi vida y la de mis dos escoltas, en zona rural de La Plata, Huila ... nos encañonaron hombres armados de la guerrilla, les quitaron las armas a mis escoltas y nos llevaron por un camino destapado por cerca de 40 minutos o más. Fue un momento muy tenso y complicado para nosotros”.
Reacción y preguntas sobre la protección
En el video la abogada cuestionó las medidas de apoyo y los protocolos de extracción en caso de agresión, especialmente en un fin de semana. Según su relato, una vez liberados quedaron en un sitio sin señal hasta que alguien los recogió en un carro y los trasladó hasta el casco urbano de La Plata. Herrera planteó interrogantes sobre la capacidad de la UNP y de las autoridades locales para asistir ante este tipo de incidentes fuera de horario laboral o en días no hábiles.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Víctimas | Sandra Mónica Herrera y dos escoltas |
| Modo de operación | Intercepción por hombres armados con fusiles y pistolas; retención por ~40 minutos |
| Pérdidas materiales | Camioneta blindada, armas, proveedores y chalecos balísticos |
| Calificación oficial | Secuestro (según la JEP) |
Implicaciones locales
El incidente abre varios frentes de preocupación en La Plata: por un lado, la seguridad de los funcionarios y de quienes realizan labores relacionadas con la implementación de la justicia transicional; por otro, la vulnerabilidad de los esquemas de protección en zonas rurales frente a grupos armados que aún operan en territorios del Huila. La sustracción de elementos de dotación y de un vehículo blindado también representa un riesgo adicional, pues esas herramientas pueden ser reutilizadas en acciones delictivas.
La denuncia pública de la abogada y la calificación de la JEP obligan a las autoridades competentes a clarificar los hechos, reforzar los protocolos de atención y explicar las medidas extraordinarias —si existen— para la extracción y el apoyo en casos ocurridos en fines de semana o en áreas sin cobertura de señal. Hasta el momento la información entregada por la persona afectada y por la Jurisdicción constituyen la base pública del caso.
Pasos a seguir
Entre las acciones que, según lo relatado, serían pertinentes para atender la situación y reducir riesgos similares se pueden enumerar:
- Revisión inmediata de los protocolos de la UNP para atención y extracción en zonas rurales.
- Investigación formal de las autoridades competentes sobre la autoría del hecho y la recuperación de los bienes sustraídos.
- Medidas de protección temporales para la abogada y su equipo mientras se clarifica el riesgo.
La Fiscalía y la Policía Nacional son las entidades competentes para investigar los hechos, determinar responsabilidades y recuperar los elementos robados. La existencia de un episodio calificado como secuestro por la JEP obliga a priorizar la investigación, según la gravedad descrita en la denuncia.
