Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Clara Corredor Medina, de 71 años, por su presunta participación en la explotación sexual de seis mujeres en Neiva, entre ellas cuatro menores de edad, informó la Fiscalía General de la Nación.
Hechos que investiga la Fiscalía
Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, la investigación establece que desde agosto de 2026 la procesada habría utilizado una vivienda ubicada en el barrio Quebraditas como lugar para concretar encuentros sexuales con clientes. En ese mismo inmueble, las autoridades señalan que al parecer se comercializaban sustancias estupefacientes, entre ellas bazuco y cocaína.
La Fiscalía detalló que Corredor Medina presuntamente contactaba a los clientes a través de llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería para coordinar los encuentros, y que los servicios sexuales tenían un costo que oscilaba entre $150.000 y $300.000.
Delitos imputados y posición de la procesada
Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Huila formuló cargos por proxenetismo con menor de edad, inducción a la prostitución y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La investigada no aceptó los cargos que le fueron imputados, de acuerdo con la información oficial.
Víctimas y edades
La investigación establece que entre las seis víctimas hay cuatro menores de edad. Las edades mencionadas por la Fiscalía son 15, 16 y 17 años. La autoridad continúa con las labores probatorias para precisar roles, responsabilidades y la posible existencia de más personas implicadas en la red.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Imputada | Clara Corredor Medina, 71 años |
| Presuntas víctimas | 6 mujeres (4 menores: 15, 16, 17 años) |
| Presuntos delitos | Proxenetismo con menor de edad; inducción a la prostitución; tráfico/fabricación/porte de estupefacientes |
| Lugar | Barrio Quebraditas, Neiva |
| Período investigado | Desde agosto de 2026 |
Contexto y procedimiento judicial
La medida de aseguramiento se impuso por solicitud de la Fiscalía, tras la presentación de los elementos materiales probatorios ante el juez de control de garantías. La decisión implica el traslado de la investigada a un centro carcelario mientras continúan las diligencias procesales y probatorias.
Las autoridades, en casos que involucran a menores de edad y explotación sexual, suelen priorizar la protección de las víctimas y la recolección de pruebas para identificar eventuales redes criminales. En este expediente, la Fiscalía avanzó con la imputación basada en comunicaciones y otros registros que, según afirmó, vinculan a la investigada con la organización y coordinación de los encuentros.
Impacto local y pasos siguientes
La investigación abre preguntas sobre la existencia de una posible red de explotación en el sur de Neiva y la necesidad de articular acciones de protección para las víctimas. Entre los pasos que normalmente siguen en estos procesos están la práctica de audiencias de control, la recolección de testimonios de las víctimas con acompañamiento psicosocial y la verificación de otras pruebas físicas y digitales.
- Protección a las víctimas: las autoridades deben garantizar medidas de atención integral para las menores y adultas afectadas.
- Investigación complementaria: la Fiscalía continuará la recolección de pruebas para definir la participación de otras personas.
- Acciones preventivas: organismos locales y entes de control pueden intensificar campañas contra la explotación sexual y el consumo de sustancias en barrios con altos índices de vulnerabilidad.
La Fiscalía y la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Huila permanecen a cargo del caso y continuarán con las diligencias judiciales correspondientes.
