Desde Pereira, el presidente Abelardo De la Espriella anunció medidas de alivio económico para las personas afectadas por el terremoto que golpeó a la capital risaraldense y municipios aledaños. Entre las medidas inmediatas, el jefe de Estado dispuso un beneficio en el pago de los servicios públicos por tres meses y ordenó la elaboración de un censo para identificar a quienes podrán acceder a ese alivio.
Medidas anunciadas y su implementación
El mandatario dijo que dio instrucciones al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para que avance en la implementación de la medida dirigida a las familias afectadas por la emergencia. Para ello, explicó, el Gobierno realizará un censo que permita caracterizar viviendas y establecimientos dañados y así determinar los beneficiarios.
“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses”.
Además del alivio temporal en el pago de servicios, el Presidente anunció que el Gobierno está estructurando un programa de subsidio de arriendo para las familias cuyas viviendas resultaron destruidas o quedaron inhabitables. El subsidio, dijo, sería temporal y estará condicionado a la información que arroje el censo y la caracterización de las viviendas afectadas.
Actores locales y logística
De la Espriella hizo el anuncio durante un recorrido por la ciudad en el que estuvo acompañado, según reportes, por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. Tras su paso por la capital risaraldense, el Presidente informó que se trasladaría a Armenia y luego a Manizales, donde se encontraría el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Las alcaldías y el Ministerio de Vivienda son las instancias señaladas para ejecutar el alivio en los servicios públicos, según las declaraciones del mandatario. El proceso pasará por la identificación de afectados y la validación de la condición de daño en hogares y establecimientos.
Daños y presiones sobre la red de salud
En sus intervenciones, el Presidente mostró preocupación por los daños en el centro de Pereira, especialmente por los comerciantes que perdieron sus negocios; y por la saturación de servicios hospitalarios. Reportes locales señalan que el Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en el departamento, se encuentra colapsado, lo que ha obligado a la remisión de pacientes heridos a otras ciudades.
- Alivio en servicios públicos: suspensión del cobro por tres meses para las personas afectadas.
- Subsidio de arriendo: en proceso de estructuración para quienes perdieron sus viviendas o quedaron inhabitables.
- Censo y caracterización: requisito para determinar beneficiarios y planificar reparaciones.
Alcances y dudas pendientes
El anuncio plantea preguntas operativas que serán definidas en los próximos días: cómo se articularán los padrones con las alcaldías, qué servicios públicos serán cubiertos por el alivio (agua, energía, aseo, telecomunicaciones), qué criterios exactos se usarán para priorizar beneficiarios y si habrá un mecanismo para comerciantes afectados por la pérdida total de sus locales.
El Presidente indicó que, una vez realizado el censo y otorgado el subsidio temporal de arriendo, el Gobierno avanzará en la reparación de las viviendas afectadas. No se entregaron en el anuncio cifras presupuestales ni plazos concretos para las reparaciones, por lo que esas decisiones dependerán de la caracterización técnica que se realice.
Qué puede esperar la población
De acuerdo con las declaraciones oficiales, las familias afectadas pueden esperar un proceso en dos fases: primero, el registro y la caracterización a través del censo para recibir alivios inmediatos (servicios y vivienda temporal); y segundo, intervenciones de reparación en los inmuebles dañados, una vez definidas las prioridades.
Las autoridades municipales y el Ministerio de Vivienda deberán coordinar la logística del censo y la entrega de ayudas. La población interesada en acceder a estos beneficios deberá estar atenta a las convocatorias oficiales y a los puntos de registro que habiliten las administraciones locales.
