La Policía reclama responsabilidades patrimoniales por la indemnización a la familia Garzón
La Dirección General de la Policía Nacional inició un proceso judicial contra José Miguel Narváez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el propósito de que el exfuncionario sea condenado a devolver los recursos que la Nación entregó para reparar a la familia del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, asesinado el 13 de agosto de 1999.
La acción de repetición fue presentada el 12 de agosto y busca que Narváez responda económicamente por la indemnización que pagó el Estado a los hermanos de Garzón, manifiesta la demanda. El proceso aún no está concluido dado que permanece un saldo disponible para otros familiares inscritos en la sucesión y que podrían presentar sus solicitudes.
Contexto judicial y reparaciones
En septiembre de 2016 el Consejo de Estado declaró que el asesinato de Garzón fue resultado de una "alianza criminal" entre miembros de la inteligencia del Ejército y grupos paramilitares. Como consecuencia de esa decisión, la Corte determinó la responsabilidad de la Nación, particularmente de la Policía y el Ejército, por la grave vulneración de derechos humanos derivada del crimen, y ordenó la reparación de los familiares.
"alianza criminal"
La indemnización ordenada por la administración pública se materializó casi una década después: a mediados de 2025 el secretario general del Ministerio de Defensa autorizó el pago por $564.000.000 a favor de María Soledad y Manuel Alfredo Garzón, hermanos del comunicador que trabajó en emisoras y espacios como Radionet, CM& y ¡Quac! El Noticiero.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Fecha del crimen | 13 de agosto de 1999 |
| Fallos relevantes | Sentencia del Consejo de Estado, septiembre de 2016 |
| Indemnización pagada | $564.000.000 (mediados de 2025) |
| Demandado en la acción de repetición | José Miguel Narváez, exdirector del DAS |
Alcance y estado del proceso
La demanda de repetición se interpone contra Narváez por hechos que incluyen la condena que ya pesa sobre él por distintos delitos. En 2018 fue condenado por delitos relacionados con el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, la interceptación ilegal de comunicaciones —las llamadas “chuzadas”— y por su participación en el asesinato de Jaime Garzón, según los antecedentes judiciales consignados en la demanda.
Fuentes judiciales citadas por la cobertura original señalan que la acción exige que el exfuncionario responda con su patrimonio por los montos que la Nación tuvo que entregar para reparar a la familia de la víctima. Sin embargo, la demanda todavía contempla la posibilidad de pago a otros beneficiarios de la sucesión familiar, por lo que el proceso tiene derivaciones pendientes.
- Reparación histórica: el pago se efectuó en 2025 tras el fallo que vinculó a agentes estatales con paramilitares.
- Responsabilidad individual: la Policía busca que Narváez asuma patrimonialmente la indemnización.
- Proceso abierto: quedan montos disponibles para otros familiares dentro de la sucesión.
El expediente contra Narváez compila antecedentes que, según la demanda, justifican la pretensión de la Policía de repetir contra él los costos de la reparación. La iniciativa judicial se inscribe en una cadena de decisiones y actuaciones estatales que, desde 2016, identificaron la participación de miembros de la inteligencia y de grupos armados en el asesinato de Garzón.
Para los habitantes de Garzón, Huila, y para el país en general, el caso sigue siendo uno de los episodios más sensibles de la historia reciente por las implicaciones sobre la seguridad de periodistas, la responsabilidad del aparato estatal y la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familiares.
