Una inspección de cuatro días realizada por la Defensoría del Pueblo dejó en evidencia una situación crítica en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí, donde 1.013 mujeres y personas OSIGD-LGBTIQ+ privadas de la libertad enfrentan deficiencias en servicios básicos, suministro de agua, alimentación y acceso a la salud, según el informe divulgado por la entidad.
Problemas encontrados
Durante la jornada de verificación de derechos, las delegadas para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, Política Criminal y Penitenciaria, y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas constataron múltiples fallas:
- Abastecimiento de agua insuficiente: el suministro llega sólo una vez al día y el líquido es turbio.
- Higiene deficiente: un alto porcentaje de las baterías sanitarias está en mal estado, lo que genera malos olores y vertimiento inadecuado de desechos orgánicos.
- Acceso a la salud limitado: escasez de dragoneantes para acompañar traslados, insuficiencia de medicamentos para pacientes crónicos, falta de valoraciones médicas y cirugías pendientes; algunas mujeres llevan más de un año en lista de espera para procedimientos.
- Alimentación inadecuada: las raciones son insuficientes, se entregan alimentos crudos y las internas reportan cambios en el menú establecido.
Atención durante la visita y demandas de la Defensoría
En el marco de la misma jornada, la Defensoría logró brindar atención en salud a 486 mujeres en servicios de medicina general, odontología, toma de muestras de laboratorio y entrega de medicamentos. Sin embargo, la entidad remarcó que las acciones desarrolladas durante esos cuatro días no reemplazan las obligaciones permanentes del sistema penitenciario y de las autoridades competentes.
«Es evidente que allí existe una grave vulneración de los derechos.»
Frente a esta constatación, la Defensoría solicitó la adopción de medidas prioritarias que garanticen el goce efectivo de los derechos de las mujeres y población LGTBI privadas de la libertad en Jamundí. El énfasis de la entidad estuvo en que las fallas observadas —desde el agua hasta la atención médica— configuran riesgos para la salud y la dignidad de las internas.
Implicaciones locales y demandas de seguimiento
El panorama descrito por la Defensoría tiene implicaciones en varios frentes para Jamundí y la región. En primer lugar, la presencia de agua turbia y deficiencias sanitarias puede convertirse en foco de enfermedades, lo que exige coordinación entre la dirección del centro penitenciario y las autoridades de salud pública departamentales. En segundo lugar, la falta de medicamentos y de acompañamiento para traslados pone en riesgo los tratamientos crónicos y la atención especializada que algunas internas requieren con urgencia.
Además, la insuficiencia y el mal estado de las raciones alimentarias afectan la nutrición y el bienestar de la población privada de la libertad, con posibles consecuencias en la salud física y mental de las internas. La Defensoría dejó claro que estas condiciones no sólo son una falla administrativa, sino una vulneración de derechos que demanda respuestas concretas y verificables.
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Población privada de la libertad | 1.013 |
| Personas atendidas en la jornada | 486 |
| Duración de la verificación | 4 días |
La información entregada por la Defensoría no detalla en el comunicado medidas concretas adoptadas inmediatamente por la dirección del establecimiento ni por las autoridades locales del orden sanitario y penitenciario. No obstante, la entidad hizo un llamado a la priorización de medidas que garanticen derechos básicos y atención médica oportuna.
Como corresponsal en el Valle del Cauca, es necesario subrayar que la situación en el centro penitenciario de Jamundí conecta con problemas estructurales del sistema carcelario colombiano: hacinamiento, insuficiencia de recursos para salud y problemas de infraestructura. La constatación de la Defensoría exige seguimiento público y rendición de cuentas para que las 1.013 mujeres y personas OSIGD-LGBTIQ+ alojadas en esa instalación recuperen condiciones dignas y el acceso efectivo a servicios esenciales.
Las autoridades competentes —la dirección del establecimiento, la Alcaldía de Jamundí, la Gobernación del Valle del Cauca y las entidades de salud— tienen ahora la exigencia de responder con planes concretos, plazos y supervisión para corregir las deficiencias señaladas por la Defensoría del Pueblo.
