El Presidente Abelardo De La Espriella anunció desde la Casa de Nariño un Plan de choque en salud orientado a resolver la atención pendiente de más de 1,2 millones de pacientes que presentaron reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y julio de 2026. Según el mandatario, la cifra implica un promedio de 5.772 reclamos diarios, y el 92% se relaciona con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
Objetivo y pasos para su ejecución
El plan fue presentado al término del consejo de ministros y, según la información oficial, plantea cuatro pasos que buscan identificar, garantizar y hacer seguimiento a la prestación efectiva de los servicios reclamados:
- Identificar a los pacientes y la atención que requieren.
- Determinar el medicamento, procedimiento o tratamiento necesario y la entidad responsable de garantizarlo.
- Destrabar los recursos para que la atención pueda materializarse.
- Hacer seguimiento hasta comprobar la entrega del medicamento o la realización del procedimiento o tratamiento.
Alcance y cifras que motivan la medida
Los datos citados por la Presidencia muestran la magnitud del problema: más de un millón de reclamaciones en siete meses de 2026. La Superintendencia Nacional de Salud ha recibido los reportes y, según el Ejecutivo, la gran mayoría se concentra en dificultades de acceso, tanto a medicamentos como a tecnologías y procedimientos especializados.
| Periodo | Reclamos reportados | Promedio diario | % relacionados con barreras de acceso |
|---|---|---|---|
| Enero–julio 2026 | 1,2 millones | 5.772 | 92% |
Responsabilidades y retos operativos
El anuncio enfatiza la necesidad de coordinar responsables —entidades prestadoras, aseguradoras y el propio Estado— para determinar quién debe garantizar cada atención. El paso referido a “destrabar recursos” apunta tanto a fondos como a procesos administrativos que, según la Presidencia, han retrasado la prestación de servicios.
Entre los retos que se derivan del plan están la identificación fiable de los pacientes afectados, la priorización de casos más urgentes, la asignación rápida de recursos, y la verificación final de que los productos o procedimientos se realizaron efectivamente. La implementación exigirá, además, mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas para evitar nuevas demoras.
Implicaciones para pacientes y profesionales
Para las personas que hoy esperan medicamentos, procedimientos o tratamientos especializados, la propuesta busca una solución directa y monitoreada. Sin embargo, expertos en el sector han señalado en otras ocasiones que soluciones de este tipo requieren no solo voluntad política sino ajustes en la gestión de las EPS, en las compras públicas y en la regulación de tecnologías en salud.
Es importante recordar que, ante cualquier problema con la entrega de medicamentos o la autorización de procedimientos, los pacientes y sus familiares deben acercarse a las instancias de atención al usuario de su aseguradora, y si persisten las dificultades, a la Superintendencia Nacional de Salud. Además, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para recibir orientación clínica adecuada.
El anuncio presidencial abre ahora la etapa de ejecución y seguimiento. Quedarán por precisarse los plazos, los recursos concretos asignados y las responsables de cada paso —información que las autoridades deberán detallar en las próximas comunicaciones oficiales—, y que serán determinantes para evaluar si el plan logra reducir de manera sostenida las barreras que enfrentan miles de pacientes en el país.
