El Fondo Rotatorio de la Cancillería vinculó mediante contratos estatales a las jóvenes Manuela Bedoya y Luna Barreto, reconocidas por su participación en la flotilla Global Sumud hacia Gaza en octubre de 2025, para desempeñarse como enlaces con comunidades indígenas en municipios limítrofes, según registros oficiales de contratación publicados en la plataforma estatal.
Alcance de los contratos y departamentos afectados
Los documentos contractuales, vigentes hasta diciembre de 2026, establecen obligaciones que van más allá de la interlocución con pueblos indígenas. Cada una de las contratadas aparece con un contrato por un monto superior a $45.000.000, destinados a labores de apoyo a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza en distintos departamentos.
| Contratada | Departamento(es) asignado(s) | Monto (aprox.) | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Manuela Bedoya | Chocó (municipios limítrofes) | $45.000.000+ | Hasta diciembre de 2026 |
| Luna Barreto | Guainía y Vichada (municipios limítrofes) | $45.000.000+ | Hasta diciembre de 2026 |
Funciones y obligaciones contractuales
Los contratos asignan a las vinculadas tareas enfocadas en acompañar e impulsar espacios de participación territorial promovidos por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza. Entre las obligaciones consignadas se encuentran:
- Interlocución con comunidades indígenas en municipios limítrofes del departamento asignado.
- Acompañamiento a actividades de socialización de programas y proyectos de la Dirección.
- Organización logística de reuniones definidas por la supervisión contractual.
- Participación en encuentros internos, interinstitucionales, con comunidades o con países vecinos, siempre que exista delegación por parte del supervisor.
- Desplazamientos nacionales necesarios para cumplir el objeto contractual.
Transparencia y escrutinio público
Los registros en la plataforma de contratación pública constituyen la evidencia oficial de la existencia de los contratos y sus condiciones generales. La vinculación de personas que han tenido visibilidad pública por actividades de carácter político o humanitario suele generar preguntas sobre criterios de selección, pliegos de condiciones y supervisión del cumplimiento, cuestiones que forman parte del escrutinio que exige la gestión de recursos públicos.
La información publicada en los portales oficiales muestra los términos básicos: la vigencia hasta finales de 2026, la asignación por departamento y el objetivo de fortalecer los espacios de integración fronteriza. No obstante, los documentos consultados no detallan en la síntesis pública las métricas de desempeño ni los criterios precisos de la contratación, aspectos que suelen requerir acceso a la supervisión contractual y a la documentación anexa para su verificación completa.
Contexto institucional
La Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza tiene entre sus funciones promover la participación territorial y ejecutar iniciativas que fortalezcan la articulación institucional en zonas limítrofes. En departamentos como Chocó, Guainía y Vichada las rutas de trabajo incluyen interlocución con pueblos indígenas y coordinación logística para encuentros comunitarios e interinstitucionales, actividades que, según los contratos, corresponden al objeto de los servicios contratados a Bedoya y Barreto.
Preguntas abiertas para la administración
Frente a estos hechos, hay varios puntos de interés público que la ciudadanía y veedurías pueden esperar que la Cancillería aclare:
- Criterios de selección aplicados para la vinculación de las contratadas.
- Mecanismos de supervisión para verificar cumplimiento y resultados.
- Desglose de pagos mensuales y disponibilidad presupuestal dentro del Fondo Rotatorio.
La existencia de contratos públicos a nombre de las jóvenes figura en la plataforma estatal de contratación y ha sido reportada por medios nacionales. La información conocida hasta ahora permite identificar el objeto general y la vigencia de las vinculaciones, pero no sustituye la documentación completa de supervisión y ejecución que corresponde a la autoridad competente.
