En Puerto Concordia (Meta) la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, capturó a cuatro hombres sindicados de participar en una red que habría explotado sexualmente a cuatro niñas del pueblo indígena jiw entre 2019 y 2026.
Detenciones y cargos
Los detenidos fueron identificados por la Fiscalía como Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía. Tras las capturas, un fiscal de la Seccional Guaviare los presentó ante un juez de control de garantías para la imputación por delitos que incluyen demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.
La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, dio a conocer los resultados de la operación, que permitió consolidar material probatorio sobre el presunto accionar de la red en el municipio ribereño.
Perfil de las víctimas y modus operandi
Según la investigación fiscal, las menores tenían entre 12 y 15 años. El caso describe un patrón de violencia en el que las niñas habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas para luego ser sometidas a agresiones y explotación sexual, aprovechando su estado de vulnerabilidad.
"En estos casos las menores de edad habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas y, posteriormente, sometidas a agresiones sexuales, aprovechando el estado de indefensión, las condiciones de vulnerabilidad de las niñas, relacionadas con situaciones de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales que afectan a la comunidad jiw"
La Fiscalía resaltó la existencia de factores estructurales que facilitaron la comisión de los delitos: condiciones de desplazamiento, precariedad económica y dificultades de acceso por la dispersión territorial propias de la región.
Acciones institucionales y alcance territorial
La operación de captura se realizó en Puerto Concordia y contó con la cooperación de unidades especializadas del CTI y la Policía. Tras la captura, las medidas procesales avanzaron con la imputación de cargos y la presentación ante la autoridad judicial competente, a cargo de la Seccional Guaviare.
Las diligencias se centran ahora en el fortalecimiento de las pruebas, la protección de las víctimas y la determinación del grado de participación de cada detenido en la presunta red.
Impacto en la comunidad jiw y medidas de protección
La presencia de delitos sexuales contra niñas indígenas genera una alarma especial por las barreras para el acceso a la justicia y la salud en territorios marginados. La Fiscalía subrayó la necesidad de articular rutas de atención integral para las víctimas, que incluyan atención médica, psicológica y garantías de seguridad.
- Víctimas acreditadas: 4 niñas, entre 12 y 15 años.
- Período investigado: 2019-2026.
- Autoridades intervinientes: Fiscalía General de la Nación, CTI y Policía Nacional.
| Detenido | Presunta conducta |
|---|---|
| Leonalgel Benavides Beltrán | Explotación sexual de menores (investigación en curso) |
| Celino Vargas Torres | Explotación sexual de menores (investigación en curso) |
| Víctor Manuel Vargas Silva | Explotación sexual de menores (investigación en curso) |
| Jhon Nilson Acosta Mejía | Explotación sexual de menores (investigación en curso) |
Las autoridades deben ahora determinar responsabilidades penales y continuar las acciones para proteger a las víctimas y prevenir la re-victimización durante el proceso judicial.
Contexto y retos
Los hechos denunciados ponen de relieve problemas persistentes en zonas apartadas del Meta: desplazamiento forzado, pobreza, barreras de acceso a servicios y, en varios casos, insuficiente presencia estatal. Estas condiciones aumentan la exposición de niñas y adolescentes a redes de abuso y explotación.
El avance de la investigación y las medidas de atención integral serán determinantes para garantizar justicia y reparación a las víctimas. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer la dinámica de la red y llevar a los presuntos responsables ante los estrados.