La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigación y citó a indagatoria a la senadora Isabel Zuleta (Partido Pacto Histórico) por su presunta participación en un allanamiento a la cárcel La Picota, en Bogotá, durante el cual —según el expediente— alias Pipe Tuluá entregó un arma de fuego.
Qué señala el auto de la Corte
El documento, firmado por el magistrado ponente Francisco Farfán y los otros cinco magistrados de la Sala de Instrucción, concluye que las funciones reconocidas a Zuleta como coordinadora de mesas de paz no la facultaban para intervenir en diligencias propias de investigaciones penales. El auto enumera límites y conductas que, a juicio de la Corte, no correspondían a su cargo.
- No podía participar en programas metodológicos dentro de investigaciones penales.
- No le correspondía conocer anticipadamente órdenes de allanamiento y registro.
- No estaba autorizada para integrar equipos de policía judicial ni acompañar operativos reservados.
- No podía supervisar o garantizar incautaciones de armas en calidad de representante de paz.
El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por la exconcejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien actualmente aparece en el expediente como viceministra de Defensa del Gobierno de De La Espriella. La denuncia se relaciona con una diligencia desarrollada el 10 de julio de 2025 en el pabellón de extraditables de La Picota.
El episodio en La Picota y sus consecuencias
Durante la inspección en La Picota, según el expediente, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, habría entregado un arma de fuego que, según la investigación preliminar, estaría destinada a atentar contra Giobanny Rojas, alias Araña, uno de los cabecillas de los Comandos de la Frontera, detenido en el marco de una negociación de paz.
“Una diligencia judicial de esta índole no es una actuación pública, ni puede convertirse en un escenario de acompañamiento político por la sola invocación de una función de paz”.
Con esa frase, el auto de la Corte subraya que las diligencias penales deben regirse por protocolos estrictos y no sustituirse por acompañamientos con motivaciones políticas o de conciliación. La apertura formal de la investigación implica que la Corte evaluará si las actuaciones de la senadora constituyeron una injerencia indebida en procedimientos judiciales y de policía judicial.
Implicaciones para Tuluá
El nombre de Pipe Tuluá remite directamente al municipio y a la región del Valle del Cauca. Aunque los hechos ocurrieron en Bogotá, la aparición del alias en un expediente de la Corte Suprema reactiva la atención sobre dinámicas criminales que afectan a municipios del Valle y del Pacífico. Para los habitantes de Tuluá, el caso refuerza interrogantes sobre la circulación de grupos armados, las redes de poder local y la forma en que procesos de paz y judiciales se entrelazan.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 10 de julio de 2025 | Allanamiento en La Picota; presunta entrega de un arma por alias Pipe Tuluá. |
| 24 de agosto de 2026 | Auto de la Corte Suprema que abre investigación formal contra Isabel Zuleta. |
La investigación que ahora emprende la Corte Suprema buscará determinar responsabilidades penales y procesales en torno a la participación de una autoridad pública en actividades que, según el auto, se excedieron de sus competencias como mediadora de paz.
Qué sigue en el proceso
Con la citación a indagatoria, la senadora deberá responder ante la Corte por los hechos que se le atribuyen. La indagatoria es una etapa inicial en el trámite penal ante esa alta jurisdicción. A partir de ella, la Sala de Instrucción evaluará si hay méritos para formular cargos y proseguir con una posible investigación penal en su contra.
Mientras se desarrolla el trámite judicial, el caso permanecerá bajo vigilancia por su confluencia entre política, seguridad y proceso penal. Para Tuluá y el Valle del Cauca, la causa recuerda la persistente relación entre la vida pública regional y los episodios de violencia que marcan la agenda local.
