La madrugada del 11 de agosto marcó un punto de tensión en el Catatumbo: el Gobierno nacional ordenó una operación militar en la zona y, horas después, una de las líderes del ELN emitió un pronunciamiento en rechazo a la acción. La declaración, firmada por Luz Amanda Pallarés, conocida como Silvana Guerrero, acusa al Estado de repetir prácticas que afectan a comunidades rurales.
Contexto y alcance de la operación
La acción militar —identificada por autoridades como Operación Beta— se ejecutó en sectores de los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, en El Sinaí tres personas resultaron heridas —campesinos civiles, entre ellos una mujer de 44 años— y se registraron desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra.
Respuesta del ELN
En el comunicado de la organización guerrillera, la portavoz atribuyó la operación a una continuidad de políticas represivas del Estado y a supuesta coordinación con intereses extranjeros. El texto, difundido por medios regionales, afirma que “el plan es el mismo” y sostiene que las acciones militares buscan terrorizar y arrasar territorios para controlar recursos y corredores ilícitos.
“No importa el gobierno, el plan es el mismo: bombardear comunidades. Para el Catatumbo, la horrible noche ni empieza ni termina.”
Afectación humanitaria y desplazamiento
La información remitida por la Defensoría indica que los incidentes habrían generado desplazamientos forzados hacia El Tarra. La presencia de heridos civiles pone el foco en el impacto humanitario de las operaciones en zonas donde la población vive ya bajo presión por el conflicto entre el ELN y disidencias de las Farc.
- Heridos civiles: tres personas, incluida una mujer de 44 años.
- Desplazamiento: movimientos hacia la cabecera municipal de El Tarra.
- Áreas intervenidas: sectores de Tibú, San Calixto y El Sinaí.
Actores y responsabilidades
La ofensiva estatal fue ordenada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella como parte de su nueva política de seguridad en el Catatumbo, región con histórica presencia de grupos armados al margen de la ley y rutas de narcotráfico. Por su parte, el ELN, a través de la figura de Silvana Guerrero, calificó la operación como continuación de una doctrina contrainsurgente que, según la organización, favorece el accionar de fuerzas paramilitares y la extracción de recursos.
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Operación | Operación Beta, madrugada del 11 de agosto |
| Municipios | Tibú, San Calixto, El Tarra (cabecera) |
| Heridos | Tres civiles (incluye mujer de 44 años) |
| Declaración | Pronunciamiento de Luz Amanda Pallarés (alias Silvana Guerrero) |
Implicaciones locales
El episodio eleva la incertidumbre en una zona ya marcada por desplazamientos y confinamientos. La escalada militar puede restringir aún más la movilidad de campesinos, limitar el acceso a servicios y generar nuevos vacíos de control que afectan la vida cotidiana y la economía local. Además, la presencia de líderes buscados por las autoridades —la nota periodística menciona que sobre la dirigente existen recompensas por más de $1.600 millones— añade complejidad a cualquier proceso de contención y a la gestión de seguridad en el departamento.
Qué sigue
La situación en el Catatumbo requiere seguimiento de las autoridades nacionales y regionales para verificar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y garantizar la protección de civiles. Organizaciones de derechos humanos y la misma Defensoría han alertado sobre la necesidad de medidas de protección y atención a desplazados.
En las próximas horas se espera que las autoridades militares y gubernamentales ofrezcan informes sobre los objetivos alcanzados en la operación y las medidas adoptadas para minimizar afectaciones a la población civil. Mientras tanto, comunidades rurales permanecen en alerta ante posibles nuevas acciones y la respuesta de los grupos armados ilegales.
Desde la frontera y el corazón del Catatumbo, la tensión entre seguridad y garantía de derechos vuelve a situar a Norte de Santander en el centro del debate nacional sobre la estrategia del Estado frente a los grupos armados.