Alarma en la ciudad por aumento sostenido de extorsiones
Bogotá atraviesa un momento de tensión por el incremento sostenido de denuncias por extorsión. Un análisis presentado en el Concejo, con base en cifras oficiales de la Policía Nacional, muestra que la capital alcanzó niveles que no se veían en la última década: con corte al 1 de julio de 2026, la ciudad suma 1.007 denuncias en lo corrido del año y un acumulado de 5.866 casos en los dos años y medio de la administración actual.
La concejala Diana Diago (Centro Democrático) expuso los datos y advirtió sobre el impacto del delito en comerciantes, transportadores y emprendedores. Según el análisis presentado en el Cabildo, bajo la presente administración la ciudad superó por primera vez los 2.000 casos anuales, con 2.642 extorsiones en 2024 y 2.217 en 2025.
“Hoy trabajar y emprender en Bogotá también significa enfrentarse al riesgo de ser víctima de la extorsión”, dijo la concejala Diana Diago, según el documento presentado en el Concejo.
Comparación con administraciones anteriores
El informe compara la tendencia actual con periodos previos: durante la alcaldía de Enrique Peñalosa las denuncias anuales oscilaron entre 430 y 916; en el gobierno de Claudia López se reportaron entre 1.336 y 1.721 casos por año. Los registros recientes, según el análisis, colocan a Bogotá en los picos más altos de la última década.
| Año | Denuncias de extorsión |
|---|---|
| 2024 | 2.642 |
| 2025 | 2.217 |
| 2026 (corte 1 de julio) | 1.007 |
Consecuencias para la economía informal y el comercio
El análisis del Concejo pone énfasis en el efecto real que tienen estas cifras sobre la actividad económica cotidiana. Comerciantes, microempresarios y conductores han reportado —según el documento— un clima de presión que obliga a destinar recursos y tiempo a la prevención o al pago de extorsiones, lo que erosiona márgenes y genera desconfianza en barrios y rutas de servicio.
- Sectores más afectados: comerciantes, transportadores y servicios informales.
- Impacto económico: aumento de costos operativos y pérdidas por pagos extorsivos.
- Percepción ciudadana: sensación de inseguridad y normalización del delito.
La concejala Diago cuestionó que superar los 2.000 casos anuales se haya convertido en una “normalidad” y exhortó a las autoridades a implementar medidas contundentes para frenar la tendencia. El informe, con base en datos de la Policía Nacional, destaca que el acumulado de 5.866 denuncias en dos años y medio contrasta de manera evidente con administraciones anteriores.
Respuesta institucional y retos
Las cifras difundidas en el Concejo generan presiones para que la Policía y la Secretaría de Seguridad presenten estrategias de prevención, fortalecimiento de denuncia y acompañamiento a víctimas. El reto incluye mejorar la trazabilidad de las bandas que cometen extorsiones, proteger a quienes se atreven a denunciar y ofrecer mecanismos de acompañamiento para comerciantes y transportadores que son blanco habitual.
En el lenguaje del ciudadano de a pie —el que usa TransMilenio y recorre los barrios— la queja es clara: “uno abre el negocio y tiene que pensar en pagar para trabajar tranquilo”, resumen comerciantes consultados en pasillos del Cabildo, según el análisis presentado. Esa percepción alimenta la sensación de que la extorsión no sólo es un delito aislado, sino un freno al empleo y a la formalización económica.
Hasta ahora las cifras presentadas en el Concejo constituyen un llamado de atención público. Qué medidas concretas adoptarán las autoridades en los próximos meses y cómo se traducirán en descenso de denuncias será la prueba para la percepción ciudadana y para los sectores productivos que reclaman seguridad para ejercer su actividad.
