La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe que no atribuye responsabilidades políticas a ministros de Estado por las contrataciones realizadas durante la crisis energética de 2024 y vinculadas al denominado caso Progen. La votación en el Pleno, celebrada el domingo 30 de agosto, terminó con 80 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones, según reportó la cobertura sobre la sesión.
Qué examinó la fiscalización
El documento fue elaborado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y contó con el respaldo del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, según el informe. La revisión se centró en las contrataciones que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) suscribió con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM) para atender la emergencia por los prolongados cortes de electricidad.
- Celec firmó el 2 de agosto de 2024 dos contratos con Progen por un total cercano a USD 149 millones: uno por aproximadamente USD 99 millones para una central de 100 megavatios en Salitral (Guayaquil) y otro por cerca de USD 50 millones para 50 megavatios en Quevedo (provincia de Los Ríos).
- Una semana después, la estatal contrató a Austral Technical Management por alrededor de USD 90 millones para sumar 91 megavatios en Esmeraldas.
- En conjunto, las tres contrataciones fiscalizadas alcanzaron cerca de USD 239 millones.
Pagos, incumplimientos e investigaciones
La investigación determinó que los proyectos no entregaron en los tiempos previstos la generación contratada. En el caso de Progen, Celec desembolsó aproximadamente USD 104 millones por los proyectos de Salitral y Quevedo, pese a que las plantas no alcanzaron la operación comercial originalmente pactada.
Según la información consultada, las operaciones examinadas permanecen sujetas a investigaciones administrativas y penales. No obstante, la mayoría legislativa concluyó que no existen elementos suficientes para imputar responsabilidad política a los ministros involucrados en la supervisión o aprobación de las contrataciones.
| Contrato | Monto aproximado (USD) | Capacidad (MW) |
|---|---|---|
| Salitral (Progen) | 99 millones | 100 |
| Quevedo (Progen) | 50 millones | 50 |
| Esmeraldas (ATM) | 90 millones | 91 |
| Total aproximado | 239 millones | — |
Implicaciones políticas y proceso judicial
La decisión del Pleno subraya la división entre la función de fiscalización del Legislativo y la esfera judicial y administrativa: aunque la Asamblea descartó responsabilidades políticas, las pesquisas penales y administrativas continúan su curso, según la cobertura del caso.
La resolución aprobada por mayoría del oficialismo puede tener efectos políticos inmediatos: reduce la posibilidad de sanciones políticas contra los ministros involucrados, pero no interfiere con las posibles sanciones administrativas o responsabilidades penales que determinen otras instancias. Además, puede influir en la percepción pública sobre la eficacia del control político en situaciones de emergencia.
Expertos y observadores que han seguido el caso han señalado que los procesos por contratación en contextos de crisis suelen generar tensiones entre la necesidad de respuestas rápidas y los controles por transparencia y eficiencia. En este expediente, los montos y los plazos incumplidos son elementos que mantienen el interés judicial y mediático sobre lo ocurrido en 2024.
La decisión de la Asamblea llega en un momento en que Ecuador aún confronta las secuelas políticas y administrativas de la crisis energética del segundo semestre de 2024, y plantea preguntas sobre cómo se equilibran la urgencia de la provisión de servicios públicos y los mecanismos de control sobre el uso de recursos estatales.
