El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó esta semana la baja disciplinaria de cinco integrantes del Servicio Penitenciario provincial mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Las medidas, que responden a distintos expedientes administrativos, incluyen dos procesos vinculados a actuaciones por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes y otras tres bajas por ausencias reiteradas en sus puestos de trabajo. Además, se registró la aplicación de una suspensión por 30 días en otro caso.
Detalles de las resoluciones
Según las resoluciones difundidas oficialmente, uno de los agentes dados de baja es el cabo Diego Fernando Medina. El procedimiento administrativo se inició a raíz de un informe policial sobre su detención, registrada el 14 de octubre de 2025, por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737. Tras el análisis de las actuaciones, la cartera provincial encargada de gobierno y justicia dispuso su baja del organismo penitenciario.
La otra baja vinculada a una causa por drogas recayó sobre la sargento ayudante Sandra Mariela Florentín, que prestaba servicios en la Unidad Carcelaria N.º 3 de Orán. El expediente consigna que fue detenida el 13 de enero de 2025 y quedó vinculada a una investigación por presunta participación secundaria en el transporte de sustancias estupefacientes, con el agravante de la cantidad de personas intervinientes. Tras el sumario interno, el Gobierno resolvió la separación de la agente.
Inasistencias y medidas disciplinarias
Otras tres resoluciones apuntaron a casos de inasistencias injustificadas. Los agentes alcanzados por la baja definitiva son:
- Ricardo Darío Barrera: cinco inasistencias consecutivas sin aviso.
- Ricardo Nelson Vázquez: cinco inasistencias consecutivas sin aviso.
- Rolando Jorge Enrique Rosales: seis ausencias discontinuas a lo largo de 2025.
En cada caso, las faltas detectadas motivaron la apertura de los respectivos procedimientos administrativos que culminaron con la baja definitiva dispuesta por el Poder Ejecutivo provincial.
| Agente | Motivo | Fecha vinculada |
|---|---|---|
| Diego Fernando Medina | Presunta infracción a la Ley 23.737 (detención informada por la Policía) | 14/10/2025 |
| Sandra Mariela Florentín | Presunta participación secundaria en transporte de estupefacientes (investigación) | 13/01/2025 |
| Ricardo Darío Barrera | Inasistencias consecutivas (5) | 2025 |
| Ricardo Nelson Vázquez | Inasistencias consecutivas (5) | 2025 |
| Rolando Jorge Enrique Rosales | Inasistencias discontinuas (6) | 2025 |
Contexto institucional y consecuencias
Las bajas disciplinarias en el Servicio Penitenciario se producen en el marco de la normativa administrativa vigente y de los controles internos que exige la conducción del sistema penitenciario provincial. En los casos vinculados a presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes, la acción policial fue el disparador de la investigación administrativa que culminó en la separación del personal.
Las decisiones, publicadas en el Boletín Oficial, implican la pérdida definitiva de la condición de agente penitenciario para los cinco implicados. A la vez, dejan vigente la posibilidad de que en algunos expedientes continúen otras instancias judiciales o administrativas según correspondan por las causas vinculadas.
En el terreno local, estas resoluciones vuelven a colocar en foco las dificultades para el control del personal dentro de instituciones que requieren cumplimiento estricto de horarios y normas internas. También plantean nuevamente la necesidad de coordinación entre fuerzas de seguridad y autoridades penitenciarias para investigar eventuales delitos que involucren a integrantes del servicio.
Las resoluciones oficiales no detallan públicamente sanciones adicionales ni información sobre el proceso de reemplazo del personal afectado en las unidades donde prestaban servicios. Según lo publicado, además de las cinco bajas hubo al menos una sanción de suspensión por 30 días en otro expediente disciplinario.
Las publicaciones en el Boletín Oficial constituyen el acto administrativo que formaliza las decisiones del Ejecutivo provincial y permiten conocer los fundamentos básicos que motivaron cada medida. Las actuaciones y fechas consignadas en las resoluciones fueron informadas por la Policía y constan en los expedientes que tramitaron ante la cartera de Gobierno y Justicia.
